Un mes ha pasado desde que José Antonio Kast asumió su presidencia, y la atmósfera en las calles de Chile es inquietante. A pesar de que el calendario indique solo treinta días, la sensación entre la población es de que han transcurrido años de incertidumbre y preocupación. El aumento constante en los precios de los bienes básicos ha golpeado con fuerza a las clases populares, quienes ven sus bolsillos resentidos mientras la promesa de un «orden» prometido en campaña se desmorona ante la dura realidad económica. Para muchos, la inauguración del nuevo gobierno ha significado un retroceso en sus condiciones de vida, lo que deja a la vista la desconexión entre la élite gobernante y las necesidades urgentes del pueblo.
El enfoque de Kast en la delincuencia, que le brindó gran apoyo electoral, se ha revelado como una estrategia fallida. A lo largo de este primer mes, los índices de criminalidad no solo no han disminuido, sino que han aumentado en comparación a años anteriores, dejando a la administración sin una respuesta clara y efectiva. La retórica simplista de asociar la inmigración con el aumento de la delincuencia ha demostrado ser un espejismo, ya que las promesas de soluciones rápidas no se han cumplido. En lugar de abordar la compleja raíz del problema, los intentos de su gobierno han sido superficiales y desiguales, ignorando los problemas estructurales que afectan a la sociedad chilena.
Kast parece desentenderse de las causas de la violencia y el descontento social. Su perspectiva conservadora impide abordar la realidad del abandono y la desigualdad que vive la población. La falta de viviendas adecuadas, la mala infraestructura educativa y la falta de reconocimiento a los docentes son solo algunos de los síntomas de un sistema que ha fallado sistemáticamente en cuidar a sus ciudadanos. En su administración, la prioridad parece ir hacia el favorecimiento de los poderosos mientras las necesidades inmediatas de los ciudadanos comunes quedan relegadas a un segundo plano.
Mientras los ecos de la oposición se sienten débiles y poco contundentes, el movimiento social empieza a despertar de un letargo provocado por años de promesas incumplidas y desilusión. La nostalgia del gobierno de Gabriel Boric se contrasta con la recalcitrante política de Kast, que se siente libre de actuar con autoridad desmedida y sin contemplaciones. Las decisiones de su administración, tales como anunciados indultos a violadores de derechos humanos y medidas fiscales que favorecen al capital, provocan un clima de indignación y resistencia que intenta cobrar vida nuevamente en la ciudadanía.
A medida que las tensiones aumentan y la memoria colectiva del estallido social de octubre resurge, se vislumbran destellos de unidad en poblaciones, colegios y sindicatos. Este renacer de la lucha social no es solo un eco de protestas pasadas, sino un grito urgente por la supervivencia en un contexto donde el Estado favorece a los ricos mientras deja a los más vulnerables en la orilla. En este nuevo capítulo de la política chilena, el camino hacia la resistencia parece estar definido por la movilización y la solidaridad de quienes buscan un cambio real frente a la adversidad del gobierno de Kast.
