La ONG FIMA ha lanzado una seria alerta respecto al proyecto de ley de «Reconstrucción Nacional», impulsada por el Gobierno con la intención de acelerar inversiones y revitalizar la economía del país. A través de una serie de publicaciones en redes sociales, la organización advirtió que este nuevo marco legal trae consigo reformas ambientales que podrían ser las más regresivas de los últimos años. Entre las preocupaciones expresadas destacan el debilitamiento del acceso a la justicia ambiental y la participación ciudadana, así como la reducción de los controles técnicos que son fundamentales para evaluar proyectos de inversión que podrían tener un impacto negativo en el medio ambiente.
Según FIMA, el argumento presentado por el Gobierno sugiere que la judicialización y el rechazo a proyectos de inversión están frenando el crecimiento económico. Sin embargo, la ONG cuestiona esta premisa, señalando que las estadísticas indican que solo un 5% de los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) son rechazados, y que entre 2014 y 2023 tan solo un 5,5% de los proyectos aprobados ha sido objeto de recursos judiciales. De este modo, se plantean interrogantes sobre la veracidad de la afirmación de que el problema radica en los excesos de litigios.
Una de las reformas más controvertidas del proyecto es la limitación del acceso a la justicia ambiental a través de la eliminación de mecanismos clave como la invalidación administrativa y las observaciones ciudadanas. FIMA sostiene que esta medida dificultará la impugnación de proyectos que hayan sido aprobados de manera irregular, lo que podría traducirse en un aumento de los daños ambientales. Con menos posibilidades de defensa, aquellos ciudadanos que deseen cuestionar permisos de proyectos contaminantes verán sus opciones reducidas considerablemente, lo que es motivo de gran preocupación para la ONG.
Además, FIMA criticó la propuesta que reduce los plazos para presentar reclamaciones sobre permisos ambientales de dos años a tan solo seis meses, advertiendo que esta modificación limita la capacidad de los ciudadanos para fiscalizar y gestionar adecuadamente los impactos de desarrollos industriales en sus comunidades. La organización enfatiza que muchos de estos permisos carecen de una difusión pública efectiva, lo que podría llevar a que las personas afectadas por dichos proyectos no se enteren de ellos hasta que sea demasiado tarde para actuar.
Finalmente, el análisis de FIMA también subraya preocupaciones sobre la nueva «rectoría técnica» del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que podría erosionar los contrapesos necesarios para garantizar evaluaciones ambientales rigurosas. Esto, sumado a la ampliación de plazos para la implementación de normas de protección ambiental y la flexibilización de controles sobre sectores industriales cuestionados, podría resultar en una mayor desprotección de ecosistemas cruciales. En su conclusión, la ONG hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que se oponga a la iniciativa legislativa, resaltando que la protección del medioambiente no debe ser vista como un obstáculo para el desarrollo, sino como un componente esencial para un crecimiento sostenible.
