El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó este lunes que el Gobierno ha presentado una querella por omisión de socorro tras el naufragio de la lancha ‘Bruma’, que ocurrió el pasado 30 de marzo en la comuna de Coronel, en la región del Biobío. Durante una conferencia de prensa, Cordero detalló que este proceso judicial tiene implicaciones serias, ya que la omisión de socorro puede tener consecuencias legales que se asocian al delito de homicidio, lo que resalta la gravedad de la situación y la necesidad de justicia para los afectados.
Las declaraciones del ministro de Seguridad Pública se producen en un contexto de creciente preocupación por la desaparición de los siete tripulantes de la lancha ‘Bruma’. A pesar de los intensos trabajos de búsqueda que se han estado realizando desde el naufragio, hasta el momento no se ha logrado localizar a ninguno de los pescadores. El Gobierno, a través de su titular de Defensa, Adriana Delpiano, también ha manifestado su compromiso con la causa, indicando que es fundamental esclarecer lo sucedido en este trágico evento.
El caso ha puesto un foco de atención sobre la embarcación ‘Cobra’, perteneciente a la empresa Blumar. Según las investigaciones preliminares, existe una fuerte sospecha de que ‘Cobra’ colisionó contra la ‘Bruma’ y no ofreció asistencia a los tripulantes tras el naufragio. Esta situación ha generado indignación en la comunidad pesquera local y ha suscitado un amplio debate sobre las responsabilidades en el mar y el cumplimiento de las normativas de seguridad marítima.
Asimismo, la querella presentada por el Gobierno hace parte de un esfuerzo más amplio para garantizar que los casos de omisión de socorro no queden impunes. Las autoridades han señalado que espera que este tipo de denuncias sirvan de precedente para futuras acciones y que se refuercen las medidas de protección para los pescadores y embarcaciones en alta mar, donde la seguridad es crucial.
Finalmente, mientras se avanzan las investigaciones y se lleva a cabo la búsqueda de los desaparecidos, la comunidad y los familiares de los siete tripulantes continúan esperando respuestas. La situación ha calado hondo en la región del Biobío, donde la pesca es una actividad clave para la economía local, y ha encendido una discusión sobre las prácticas de seguridad en la industria pesquera, una cuestión que el Gobierno se ha comprometido a abordar con seriedad.
