Con el objetivo de proteger la economía de las familias chilenas, el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos del Partido Socialista, han anunciado su decisión de reactivar el proyecto de ley «No más cobros en UF». Esta iniciativa, originalmente presentada en 2023, busca limitar el uso abusivo de la Unidad de Fomento (UF) en contratos de corto plazo y consumo cotidiano. Se espera que la propuesta incluya perfeccionamientos técnicos surgidos durante su tramitación legislativa, así como las sugerencias de expertos en el tema. Esto responde a una preocupación creciente entre las familias que enfrentan ajustes automáticos en los precios, lo que incrementa la carga financiera en tiempos de inflación.
La senadora Cicardini reingresó el proyecto en el Senado el 10 de junio utilizando el Boletín 18340-03, mientras que el proyecto de 2023 permanece en espera de votación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. En este contexto, ambos legisladores planean incorporar nuevas aristas de la iniciativa como indicaciones en la discusión de la megarreforma que se está tramitando en el Senado, buscando así fortalecer la propuesta y su base legal. Este esfuerzo refleja la urgencia de abordar el impacto negativo que los reajustes automáticos en UF tienen sobre los presupuestos familiares.
El diputado Manouchehri destacó la situación de desbalance en la que se encuentran las familias, argumentando que «a la gente le cobran en UF pero le pagan el sueldo en pesos. Esto no es justo». Esta indignación se agrava con decisiones gubernamentales que propician aumentos en la inflación, como mencionó la senadora Cicardini, al referirse al impacto del reciente aumento del precio del combustible. Como resultado de estas políticas, los hogares enfrentan un aumento continuo en sus gastos cotidianos, incluyendo arriendos y matrículas escolares, razón por la que la agenda de protección a las familias endeudadas ha adquirido relevancia en el debate legislativo.
Entre las propuestas específicas del proyecto se incluye que los contratos de corto plazo, es decir, aquellos de hasta 12 meses, no deberán aplicar la UF como método de reajuste. En el caso de los arriendos, se estipula que los contratos de hasta dos años deberán ser fijados en pesos, mientras que las instituciones educativas no reguladas deberán establecer sus precios en pesos, ajustándose anualmente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta medida apunta a proporcionar mayor estabilidad y previsibilidad a las familias a la hora de gestionar su presupuesto.
Asimismo, la iniciativa propone aumentar la transparencia en el uso de la UF, exigiendo que toda publicidad y oferta comercial clarifique si el precio es fijo o ajustable y que los proveedores informen a los consumidores sobre las condiciones del contrato con antelación. Mensualmente, aquellos que cobren en UF deberán reportar sus fórmulas de reajuste al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), asegurando así una mayor supervisión y acceso a la información para el ciudadano. No obstante, los créditos hipotecarios y otros instrumentos financieros de largo plazo no se verán afectados por esta prohibición, pero estarán sujetos a los nuevos deberes de transparencia.
