La construcción de un parque de entretenimientos en Paine, impulsado por el político José Antonio Kast, ha desatado una serie de controversias que abarcan la falta de permisos ambientales y un accidente laboral grave. A pesar de las denuncias, el proyecto, denominado «Centro de Eventos y Cultura Parque Zandia», logró su aprobación ambiental gracias a la gestión de quien fue designado director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por el mandatario. Este negocio familiar, que se suma a la extensa tradición de la familia Kast en la industria gastronómica, ha sido objeto de críticas que cuestionan la ética detrás de su desarrollo, sobre todo en relación con los derechos laborales y el cumplimiento de normativas ambientales.
Desde su inicio en 2016, el proyecto encontró resistencia en la comunidad local, que argumenta no haber podido ejercer su derecho a la participación ciudadana debido a la declaración de estado de alerta sanitaria por Covid-19. En junio de 2020, el Comité Ambiental Comunal de Paine denunció a la Superintendencia del Medio Ambiente que las obras del parque estaban casi finalizadas, pese a que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) había sido admitida solo meses antes. Esta situación fue catalogada como insólita por los vecinos, quienes sostuvieron que un exparlamentario como Kast debió conocer las normativas que prohíben la construcción sin un apoyo ambiental adecuado.
El 14 de octubre de 2019, un grave accidente laboral ponía en el ojo del huracán a la familia Kast. Donald Georges, un trabajador haitiano, sufrió lesiones severas al ser aplastado por un carro de montaña rusa mientras trabajaba en el lugar. Su demanda contra la empresa del holding familiar, Café Alpes Limitada, enumeró múltiples violaciones a las normativas laborales, incluyendo la falta de protocolos de seguridad. Las secuelas del accidente no solo resultaron físicas, sino también emocionales, con Georges enfrentando trastornos de ansiedad como consecuencia de la tragedia. Este incidente reveló una realidad oscura detrás del proyecto que se trataba de ocultar.
Una inspección realizada el 12 de agosto de 2020 por la Superintendencia del Medio Ambiente confirmó las denuncias de la comunidad. El fiscalizador evidenció que el parque ya estaba «en etapa de construcción» y que las obras superaban siete hectáreas, lo que contravenía las regulaciones locales, puesto que el uso del terreno no estaba permitido como parque de entretenimientos. Sorprendentemente, la administración del proyecto ignoró estas pautas, y hasta hubo indicios de colusión con la municipalidad a través de Bárbara Kast, concejal en ese momento. A pesar de las irregularidades, el proceso de evaluación ambiental fue guiado por el director del SEA, quien posteriormente se reunió con los representantes del holding familiar.
En un giro llamativo, el 16 de junio de 2022, bajo la dirección de Arturo Farías, se aprobó la Resolución de Calificación Ambiental favorable al proyecto, a pesar de las evidencias en contra y la presión social. Kast, ya como presidente de Chile, nombró a Farías como director del SEA, asegurando que las decisiones en favor del «Centro de Eventos y Cultura Parque Zandia» se tomarían con velocidad y eficacia. Este acto, visto por muchos como una clara señal de favoritismo y cuestionada por diversas agrupaciones socioambientales, destaca las tensiones significativas entre el desarrollo económico y la protección ambiental en el contexto chileno actual.
