La comunidad educativa del Instituto Nacional ha alzado su voz en una denuncia colectiva, acusando a la dirección del establecimiento de llevar a cabo una persecución laboral tras la publicación de un artículo en el medio El Líbero. El escrito, fechado el 20 de abril y redactado por la periodista Diana Lozano, sugiere vínculos entre ciertos trabajadores del instituto y actos de violencia en liceos emblemáticos. Sin embargo, los denunciantes sostienen que las afirmaciones carecen de sustento y son una mera estrategia para desviar la atención de los problemas de gestión que aquejan a la institución.
Según las declaraciones de un docente que prefirió mantener su anonimato, el artículo perpetúa una narrativa que vincula a los profesores con los llamados «overoles blancos», planteando que estos están ayudando a encapuchados, sin presentar pruebas concretas. La comunidad académica considera que la periodista ha mostrado una clara obsesión por crear sospechas infundadas, lo que ha resultado en despidos impulsados únicamente por rumores, dejando a los miembros del personal educativo en un estado de incertidumbre y miedo.
Los maestros también denuncian filtraciones de información privada sobre sumarios y querellas a la prensa, afectando la honra de los trabajadores al exponerlos públicamente antes de que se realicen investigaciones exhaustivas. Un docente afirmó que algunos colegas han sido nombrados explícitamente en el medio sin haber pasado por un proceso de investigación formal, lo que ha generado un ambiente de silencio y temor que inhibe la libre expresión de críticas hacia la administración del colegio.
Uno de los casos más controversiales es el de la “tía Caro”, quien fue mencionada en el artículo como funcionaria de planta, a pesar de no estar imputada por la justicia. Esto ha llevado a los docentes a cuestionar la veracidad de la información que se está difundiendo. Un docente involucrado ha señalado que hay una falta de interés por parte de los medios en revelar las causas reales de la violencia dentro de la institución, sugiriendo que esta cobertura mediática se utiliza para proteger a administraciones que a lo largo de los años han demostrado su incapacidad para resolver problemas estructurales en el liceo.
La situación se complica aún más con la aplicación de medidas como Aula Segura, que ha resultado en un aumento de los incidentes de violencia en el instituto. Los docentes han exigido la revisión y actualización del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, que desde 2023 no ha sido modificado. Además, los trabajadores piden que se termine con la política de persecución que han sufrido, instando a la administración a centrarse en invertir recursos en la mejora de la infraestructura y en la creación de protocolos de seguridad eficaces que superen la mera reacción ante sucesos violentos.
