A 53 años del golpe de Estado en Chile, la situación de los ex prisioneros políticos ha tomado un giro alarmante. La Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile (UNExPP) ha emitido una declaración contundente en respuesta a los recortes presupuestarios propuestos por el gobierno de José Antonio Kast, que amenazan con descontinuar el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS). Esta decisión ha sido calificada como un «tiro de gracia» para miles de sobrevivientes de la dictadura civil-militar, quienes dependen de este programa para recibir atención médica esencial tras haber sufrido secuelas físicas y psicológicas por tortura y prisioneros políticos durante el régimen de Pinochet. La UNExPP advierte que esta descontinuación constituye una violación grave de los derechos humanos, particularmente para aquellos que han sobrevivido a décadas de daño y trauma.
El gobierno de Kast, quien fue elegido con el 58% de los votos, ha implementado políticas que priorizan los intereses empresariales sobre el bienestar social, lo que ha generado preocupaciones entre diversos sectores de la población. Según los ex prisioneros políticos, estas medidas son reflejo de una tendencia en gobiernos de ultraderecha, como los de Javier Milei en Argentina y Donald Trump en EE.UU., a favor de un Estado reducido que favorezca al capital. Tales iniciativas han sido recibidas con una creciente oposición, tanto a nivel nacional como internacional, donde se han levantado voces que defienden la necesidad de mantener un estado de bienestar que apoye a los más vulnerables.
En su declaración, la UNExPP expone que ni las brutales torturas de la dictadura lograron eliminar a sus miembros, pero que ahora hay un intento insidioso de acabar con ellos mediante la reducción de apoyos vitales. En este contexto, la organización recalca que la eliminación del PRAIS no solo ignora el sufrimiento y la necesidad de atención médica de estos sobrevivientes, sino que además representa un retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos en el país. La precariedad del sistema de salud en Chile, donde un vasto porcentaje de la población depende de un sistema estatal debilitado, agrava aún más la situación, y pone en riesgo la vida de quienes ya han soportado muchas adversidades.
Las implicaciones de estas decisiones políticas son potencialmente devastadoras para miles de chilenos. La UNExPP sostiene que, al descontinuar un programa creado para ofrecer cierto nivel de justicia y reparación a las víctimas de la dictadura, el gobierno contraviene tratados internacionales de derechos humanos, a los cuales Chile está suscrito. Este contexto de ataque sistémico a los derechos adquiridos hace que la resistencia de las víctimas y sus familias sea aún más crucial, no solo para su propia defensa, sino para la defensa de principios fundamentales de justicia y reparación en el país.
Finalmente, la UNExPP se muestra decidida a llevar su denuncia a instancias tanto nacionales como internacionales para proteger sus derechos y asegurar que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos. A pesar de su avanzada edad y las limitaciones físicas que muchos enfrentan, hacen un llamado a la solidaridad del pueblo chileno para enfrentar la injusticia. La organización asegura que tienen el apoyo de un amplio sector de la sociedad chilena que no estará inactivo frente a esta nueva amenaza, simbolizando la resistencia ante el olvido y el rechazo a que se repita la historia de abuso en un país que aún intenta sanar las heridas del pasado.
