La reciente encuesta de Plaza Pública Cadem ha mostrado un escenario alarmante para el presidente Kast: su desaprobación ha alcanzado un 58%, con solo un 36% de apoyo ciudadano a su gestión. Este notable descenso es particularmente significativo si se considera que su Gobierno llegó al poder con la promesa de recuperar el control en temas de seguridad e inmigración, que se perfilaban como dos de los ejes rectores de su campaña. Sin embargo, la realidad actual revela un creciente malestar entre la población, que comienza a manifestar serias dudas sobre la capacidad de su administración para manejar estos asuntos críticos.
Los datos de la encuesta indican que, aunque un 44% de los encuestados identifica la seguridad como la principal preocupación del Gobierno, un abrumador 64% sostiene que no existe un plan claro para afrontar la crisis delictual que aqueja al país. Esta percepción de ineficacia en la gestión de la seguridad se agrava con la promesa de expulsar a 300 mil inmigrantes irregulares, la cual, según el 61% de los ciudadanos, es vista como irrealizable. Tal desconfianza no solo refleja un deterioro de la credibilidad del Gobierno, sino que también evidencia una desconexión entre las promesas de campaña y la situación real que enfrenta la ciudadanía.
La investigación también resalta que un 54% de los consultados considera que muchas personas sí creyeron inicialmente en la viabilidad de la promesa de expulsiones masivas, lo que alimenta un creciente escepticismo sobre la capacidad del Gobierno para cumplir con sus compromisos. Distintos analistas han señalado que este deterioro en las cifras refleja un desgaste progresivo de la narrativa de “mano dura” promovida por el oficialismo, que ha comenzado a perder fuerza en los primeros meses de gobierno, donde las expectativas en control migratorio y economía han disminuido considerablemente.
Acompañando esta caída en la aceptación popular, el presidente Kast se ha visto envuelto en varias controversias internas que han complicado la administración de su gabinete. En un reciente análisis, el diario El País planteó que Kast ha tenido que asumir el rol de un “escudo político” para proteger a sus ministros de las críticas surgidas por sucesos internos. Uno de los casos más sonados es el del Ministerio de Ciencia, donde el exsubsecretario Rafael Araos contradijo a la ministra Ximena Lincolao, afirmando la existencia de un plan de despidos masivos que resalta la inestabilidad al interior de su administración.
El camino a seguir para el gobierno de Kast se perfila más complejo de lo que se esperaba tras su victoria electoral. Con un descenso notable en la aprobación y crecientes presiones para presentar resultados concretos, especialmente en el ámbito de la seguridad, el Ejecutivo enfrenta una crítica creciente sobre su capacidad real para transformar sus consignas de campaña en políticas efectivas. La situación actual se convierte en un desafío crucial que determinará no solo la continuidad de su mandato, sino también el futuro político de Kast y su equipo.
