La Corte Suprema ha programado para el próximo 21 de julio una audiencia crucial para evaluar la solicitud de remoción del Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Esta solicitud fue presentada por un grupo de diputados oficialistas el pasado 24 de marzo, en un esfuerzo por destituir al fiscal que ha estado al frente de investigaciones de alto perfil, incluyendo el Caso Sierra Bella, que ha acaparado la atención mediática y la inquietud pública por su complejidad y las posibles implicaciones políticas involucradas.
La controversia en torno a Cooper se intensifica debido a su vinculación con las investigaciones que apuntan a la diputada Karol Cariola por presunto tráfico de influencias. Los parlamentarios han argumentado que la actuación de Cooper ha puesto en tela de juicio la imparcialidad y la transparencia del Ministerio Público, señalando que las filtraciones de chats relacionados con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y la misma Cariola evidencian una falta de ética y profesionalismo por parte del fiscal.
La solicitud de remoción se ha convertido en un tema candente dentro del debate político chileno, donde se han suscitado críticas tanto hacia Cooper como a la administración de justicia en general. Los oficialistas no solo han cuestionado las filtraciones de información sensible, sino que también han demandado mayor responsabilidad en el manejo de las investigaciones que involucran a funcionarios públicos, enfatizando la necesidad de un sistema judicial que actúe con imparcialidad y en resguardo de la confianza ciudadana.
Patricio Cooper no es ajeno a controversias legales, ya que previamente estuvo al cargo de la investigación del caso ProCultura. Sin embargo, su actuación fue cuestionada tras un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió un recurso de amparo presentado por Josefina Huneeus, lo que resultó en la anulación de ciertas pruebas obtenidas bajo condiciones que la corte consideró ilegales. Esta situación ha reforzado las críticas hacia su desempeño y ha alimentado el argumento de los diputados sobre la necesidad de su remoción.
La audiencia programada para el 21 de julio será un momento decisivo no solo para el futuro de Patricio Cooper, sino también para el propio sistema judicial y su percepción pública. La Corte Suprema deberá evaluar si Cooper ha cumplido con los estándares requeridos para su cargo y si las preocupaciones expresadas por los diputados encuentran fundamento suficiente para llevar a cabo su destitución. Este caso, emblemático de las tensiones entre política y justicia, promete seguir suscitando un intenso interés durante las próximas semanas.
