La represión policial durante la marcha de estudiantes de este miércoles en Santiago, en protesta contra los recortes aplicados por el Gobierno de José Antonio Kast, dejó un saldo alarmante. Una joven de Derecho de la Universidad de Chile sufrió múltiples fracturas en el rostro tras ser golpeada por oficiales de Carabineros. Según informes de Piensa Prensa, la estudiante fue detenida a pesar de presentar evidente sangrado facial, lo que generó indignación entre los manifestantes y defensores de derechos humanos. Las movilizaciones fueron convocadas por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), demandando la defensa de sus derechos ante los ajustes que impactan directamente en el sistema educativo.
La manifestación, que comenzó en la emblemática Plaza Baquedano, se tornó violenta cuando Carabineros implementó un fuerte cerco policial en la Alameda, impidiendo el avance de los estudiantes. Testigos señalaron que la represión se intensificó en la estación de Metro Universidad Católica, con el uso de gases lacrimógenos y carros lanzaaguas. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraban a la estudiante de Derecho visiblemente golpeada y ensangrentada, confirmando el brutal manejo de la situación por parte de las fuerzas policiales.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) fue alertado de la situación y dijo haber tomado el relato de la joven desde el hospital, donde ingresó con lesiones graves. Beatriz Contreras, jefa regional del organismo, manifestó la intención de obtener un testimonio más completo en los próximos días, aunque la condición delicada de la víctima limitó el proceso. La necesidad de intervención quirúrgica fue confirmada por el personal médico, lo que subraya la gravedad de los hechos ocurridos durante la protesta.
La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) se pronunció enérgicamente sobre la represión sistemática durante la marcha, denunciando un alto número de detenidos y heridos. La presidenta de la FECh, Laura Mlynarz, exigió responsabilidad al Gobierno y la intervención de la ministra de Educación, María Paz Arzola, en la defensa de los derechos estudiantiles. En una declaración contundente, la vicepresidenta Monserrat Lagos afirmó que la «defensa de la educación pública no puede ser respondida con violencia», lo que resalta la preocupación por el tratamiento de las movilizaciones por parte del Estado.
Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, también criticó la situación, acusando al Gobierno de intentar justificar la represión a través de incidentes provocados por grupos minoritarios. Sin embargo, defendió el carácter pacífico de la mayoría de los estudiantes que buscaban visibilizar sus demandas. Ante la falta de un balance oficial por parte de Carabineros y la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, queda una pregunta en el aire: ¿cuántas agresiones más se tolerarán ante la exigencia legítima de una educación digna y accesible?
