En el reciente pronunciamiento de Luisa González sobre los resultados electorales en Ecuador, la candidata de Revolución Ciudadana ha exigido un reconteo de los votos y la apertura de las urnas, tras los resultados provisionales que posicionan a Daniel Noboa como el virtual presidente con una ventaja de casi 12 puntos. Este llamado surge en un contexto donde la expectativa era que las elecciones resultaran sumamente reñidas, tal y como lo indicaban las encuestas y proyecciones previas al evento electoral. Sin embargo, la realidad del escrutinio ha mostrado una clara ventaja para el empresario Noboa, lo que ha desatado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral.
Ambos candidatos habían llegado a la segunda vuelta de la contienda con una diferencia mínima en la primera vuelta, donde Noboa superó a González por tan solo 16,746 votos, pero fue durante el conteo de las actas que emergieron serias dudas. Andrés Arauz, Secretario del movimiento Revolución Ciudadana, alertó sobre la validez de las actas que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaba subiendo, las cuales carecían de las firmas necesarias para su legitimidad conforme a la legislación ecuatoriana. Estas irregularidades, que Arauz sostiene favorecen a Noboa, han intensificado las tensiones en un ambiente electoral ya de por sí tenso.
Frente a esta situación, Luisa González no escatimó en calificativos, denunciando lo que ella considera como «el más grotesco fraude electoral» que se haya presenciado en la historia del Ecuador. En su intervención, González destacó la discrepancia entre los resultados ofrecidos por el CNE y las once encuestas realizadas por distintas investigaciones antes de las elecciones, que invariablemente apuntaban a su triunfo. Esta discrepancia alimenta sus acusaciones de manipulación y fraude y pone en tela de juicio la credibilidad del organismo electoral.
En el marco de estas controversias, se encuentra el decreto 599 firmado por Noboa, que establece un estado de excepción en varias provincias de Ecuador, incluyendo la capital, Quito. Este decreto ha sido criticado por sectores de la oposición como un intento de limitar las libertades civiles y condicionar el proceso electoral, justo en un momento crucial. La Asamblea Nacional, que se opone a Noboa, ha rechazado esta medida, argumentando que las restricciones a la libertad de reunión y movilidad son perjudiciales para la democracia y pueden estar vinculadas a la manipulación de resultados.
Ecuador enfrenta desafíos significativos en medio de esta contienda electoral, incluidos problemas derivados de la violencia relacionada con el narcotráfico y una creciente crisis económica. La justificación de Noboa para el estado de excepción ha sido la necesidad de combatir la criminalidad organizada, sin embargo, observadores internacionales han manifestado su preocupación ante posibles intentos de censura y coerción. La lucha por la democracia en el país se intensifica a medida que los acontecimientos se desarrollan, con una ciudadanía cada vez más alerta y con un palpable clima de desconfianza hacia las instituciones encargadas de velar por sus derechos.
