El gobierno de José Antonio Kast ha decidido aprobar la extracción de 225 litros por segundo de salmuera en el Salar de Atacama, un proyecto que había sido rechazado en diversas ocasiones por los gobiernos de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric. En una reciente reunión del Comité de Ministros, que estuvo presidida por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, se otorgó una calificación ambiental favorable al proyecto de la Planta de Producción de Sales de Potasio, impulsado por el grupo Errázuriz. Este proyecto, que se había presentado por primera vez en 2008, había sido objeto de controversia debido a preocupaciones ambientales en relación con su impacto en uno de los ecosistemas más frágiles del planeta.
La Planta de Producción de Sales de Potasio tiene como objetivo la extracción de cloruro de potasio, con una producción proyectada de 200.000 toneladas anuales. Con una inversión de aproximadamente US$43,2 millones, la iniciativa busca recuperar sales de potasio a partir de las prospecciones realizadas en la parte occidental del Salar de Atacama. Sin embargo, los intentos anteriores de poner en marcha esta extracción se encontraron con fuertes oposiciones, dado que las evaluaciones ambientales alertaban sobre los efectos negativos que podría tener sobre las aguas subterráneas y la biodiversidad del salar, un área ya amenazada por la extracción de litio y otras actividades mineras.
La historia del proyecto es marcada por una serie de rechazos sistemáticos. En 2012, bajo el gobierno de Piñera, el comité regional desestimó la propuesta, y en 2017, Bachelet se alineó con la misma decisión, apoyada por la falta de información técnica suficiente sobre las implicaciones del proyecto. Otro intento de aprobación se dio en 2021, nuevamente sin éxito en el gobierno piñerista, lo que reflejó una continua preocupación por los efectos ambientales adversos en una región caracterizada por su escasez de recursos hídricos.
Sin embargo, en 2023, el tribunal ambiental de Antofagasta dio un vuelco a la situación al anular las decisiones de rechazo anteriores, lo que permitió que el Comité de Ministros reconsiderara la propuesta. Finalmente, en este contexto, el rechazo unánime del proyecto por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental, desatendida bajo la administración de Gabriel Boric, resalta la compleja relación entre desarrollo económico y protección ambiental en Chile, un país que enfrenta desafíos significativos para equilibrar estos intereses.
Además de la aprobación del proyecto de sales de potasio, el Comité de Ministros también ha respaldado una iniciativa vinculada al control aluvional en la Quebrada de Ramón, en la Región Metropolitana, que comprende una inversión de US$76,5 millones. Esta medida incluye la construcción de siete retenedores y seis mallas dinámicas con el fin de mitigar riesgos ante crecidas líquidas. Este compromiso con la infraestructura en zonas vulnerables contrasta con las decisiones más controversiales relacionadas con la minería en regiones ecológicamente sensibles, poniendo de manifiesto la complejidad de las políticas ambientales en el actual gobierno.
