Con la firma de un convenio de colaboración, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), junto a la Casa de Moneda de Chile y los gremios ANASAC, AFIPA e IMPPA, ha establecido una mesa de trabajo con la industria fitosanitaria para diseñar un piloto de trazabilidad y seguridad digital. Este esfuerzo, centrado en la identificación del origen de los productos y la prevención de manipulaciones durante su distribución, busca también avanzar hacia una norma nacional de etiquetado que garantice la autenticidad de los insumos fitosanitarios en el país. La iniciativa responde a la necesidad de mejorar los estándares de fiscalización y elevar la transparencia en el comercio de estos productos esenciales para la agricultura chilena.
El convenio contempla el desarrollo de un sistema de etiquetado que incorporará tecnologías de seguridad avanzadas, tales como códigos QR seguros y elementos antifalsificación, proporcionados por la Casa de Moneda. Estas herramientas facilitarán el rastreo de los productos a lo largo de toda la cadena de comercialización, lo que se traducirá en una mayor confianza para los consumidores. Ángela Movillo, Gerenta Comercial de Casa de Moneda, subrayó: «Como institución pública estamos comprometidos con el desarrollo de soluciones innovadoras que aporten seguridad y trazabilidad en sectores estratégicos de nuestra economía. Este convenio representa una oportunidad para elevar los estándares del país».
En la actualidad, Chile cuenta con más de 1.400 productos fitosanitarios autorizados y cerca de 300 empresas involucradas en su fabricación e importación. Sin embargo, existe una notable falta de trazabilidad que complica el control sobre la distribución y el uso de dichos productos. Este desafío se vuelve aún más crítico dadas las exigencias de normativas como la Ley REP, que requiere trazabilidad en la gestión de envases, y la necesidad de prevenir el uso de productos en áreas restringidas, como humedales o zonas protegidas. De acuerdo con el Director Nacional del SAG, «la trazabilidad es una garantía para el consumidor y un deber del Estado».
El establecimiento de esta mesa de trabajo permitirá consensuar un estándar mínimo de seguridad digital, que podrá establecerse como futura norma nacional. El sector privado verá beneficios significativos como mayor certeza jurídica, orden dentro de la cadena de distribución y mejores condiciones para competir en un entorno formal. María Beatriz Ceardi, gerente de Asuntos Regulatorios de ANASAC, enfatizó que «necesitamos trazabilidad más que nunca, dada la creciente amenaza del mercado negro». Este llamado refleja la preocupación sobre la seguridad alimentaria y la integridad del sector agrícola chileno.
Finalmente, Patricia Villarreal, directora ejecutiva de AFIPA, destacó la necesidad de avanzar hacia tecnologías que refuercen la trazabilidad de los productos fitosanitarios, enfatizando su relevancia para asegurar un entorno agrícola seguro. Este esfuerzo público-privado se inscribe dentro de los retos actuales en Chile en términos de fiscalización, seguridad sanitaria, cumplimiento ambiental y adaptación a demandas internacionales, con la clara visión de transformar al país en un referente en trazabilidad fitosanitaria y control de insumos agrícolas.
