La Comisión de Intereses Marítimos del Senado ha despachado la moción que introduce modificaciones a la Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche. Este desarrollo ha sido altamente criticado por organizaciones que defienden los derechos de los pueblos originarios, quienes señalaron que la aprobación se realizó sin la participación de los afectados. Espacios Costeros, un canal comprometido con la difusión y defensa de los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO), alertó sobre esta situación, cuestionando la legitimidad de la discusión en la que la bancada pesquera salmonera continuó adelante con un proyecto que debería incluir a sus principales beneficiarios: los pueblos originarios.
El objetivo declarado de esta modificación es perfeccionar la implementación de la Ley 20.249, pero los cambios propuestos han generado controversia. A través de esta disertación legislativa, liderada por senadores como Fidel Espinoza y Carlos Kuschel, la comisión ha aprobado enmiendas que alivian la carga sobre el desarrollo de otros usos permitidos en el espacio costero marino. Sin embargo, la limitada participación de las comunidades indígenas en las decisiones que afectan sus territorios evidencia una desconexión entre los legisladores y las realidades de estas poblaciones.
Entre las críticas más pronunciadas, se destaca la preocupación expresada por el senador Daniel Núñez, quien advirtió que estas modificaciones podrían eliminar el derecho a la petición de las comunidades. Esta visión es compartida por diversas organizaciones que solicitan un diálogo más inclusivo y la consideración de sus derechos consuetudinarios. Adicionalmente, las amenazas de un manejo excluyente del espacio costero han sido fuente de una creciente tensión entre comunidades indígenas y los intereses de la industria pesca salmonera.
En respuesta a tales cambios, las comunidades originarias han manifestado su rechazo inequívoco hacia las reformas propuestas. En un Congreso Lafkenche celebrado en febrero, más de 200 representantes de distintas regiones hicieron un llamado urgente al Estado para que respete la Ley Lafkenche como un instrumento que protege sus derechos ante las vulneraciones históricas. La ley no solo les brinda la oportunidad de gestionar sus territorios, sino que también busca asegurar que sus tradiciones y prácticas sostenibles sean reconocidas y respetadas.
Finalmente, la situación se complejiza aún más con la presión de la industria salmonera, que ha culpado a la Ley Lafkenche por la incertidumbre en sus operaciones. A pesar de las críticas, especialistas han señalado que el problema radica en la falta de adecuada implementación, más que en el marco legal en sí. La defensa de la Ley Lafkenche por parte de los pueblos originarios contrasta con los intereses empresariales, creando un escenario de conflicto donde se debe priorizar el diálogo y la consulta a las comunidades afectadas, tal como lo estipula el Convenio 169 de la OIT, del cual Chile es parte.
