La comunidad mapuche Llancamil-Challacura y su lonko, Juan Lincopi, han denunciado formalmente una alarmante situación de racismo ambiental en Perquenco, que se expresa a través de tres focos de contaminación que afectan severamente su territorio. Entre ellos se encuentra un vertedero municipal clausurado de manera deficiente, una planta de aguas servidas que vierte desechos sin control en un río local y una escombrera operando de manera ilegal en un terreno particular. Estas denuncias evidencian un patrón de desprecio hacia los derechos indígenas, con el agravante de que las autoridades estatales no han cumplido con sus responsabilidades en la fiscalización de estos lugares, lo que ha traído consigo la contaminación de la tierra y el agua durante décadas.
El vertedero municipal de Perquenco, inaugurado en 1995 sin consulta previa a la comunidad mapuche, continúa siendo objeto de preocupación. A pesar de su cierre anunciado en 2010, no se llevó a cabo un plan de cierre efectivo, convirtiéndose en un punto de acumulación de basura ilegal. Según la comunidad, este espacio ha contaminado las aguas subterráneas y ha generado un serio riesgo a la salud de las familias que habitan cercanas al lugar. Las evidencias apuntan a que las filtraciones de lixiviados han afectado a pozos de agua, lo que agrava la situación sanitaria de la región.
La situación no se limita al vertedero, ya que la comunidad también ha alertado sobre una planta de aguas servidas que vierte residuos sin tratamiento en el estero Perquenco. Este hecho, sumado a la operación ilegítima de una escombrera al lado del territorio mapuche, revela un patrón de desconsideración hacia las comunidades indígenas en La Araucanía. Documentos enviados a la Superintendencia del Medio Ambiente y al Ministerio de Salud destacan problemas graves, como la proliferación de vectores y el riesgo de derrames de aguas residuales, que no solo afectan el ecosistema, sino que también ponen en peligro la salud pública.
Ante esta situación crítica, la comunidad Llancamil-Challacura ha exigido la realización de estudios y auditorías independientes de la planta de aguas servidas para asegurar que haya transparencia en la gestión y el manejo de residuos. Además, demandan la clausura definitiva del vertedero, lo que debería incluir un plan de cierre participativo que respete sus derechos, algo que no se ha cumplido desde hace más de una década. Junto a estas acciones, la comunidad pide la fiscalización de la escombrera y medidas de remediación de aguas contaminadas, poniendo en primer lugar la preservación de sus recursos naturales y el respeto a sus derechos indígenas.
Por último, un informe elaborado por la comunidad y su lonko pone de manifiesto la urgente necesidad de una respuesta integral que aborde las violaciones de derechos humanos y ambientales en el territorio. El documento llama a las autoridades a respetar la voz y la participación de las comunidades mapuche en la búsqueda de soluciones, enfatizando que es esencial que el Estado priorice la vida y el bienestar de los pueblos indígenas por sobre intereses económicos que han llevado al abandono y la desprotección de sus territorios.
