El 8 de marzo, El Ciudadano publicó un impactante informe que reveló la denuncia presentada el 4 de noviembre de 2024 contra Barnachea por la violación de Paulina, una funcionaria del municipio. Se alega que, a pesar de la gravedad de los hechos, Barnachea fue desvinculado por mutuo acuerdo con un finiquito de 6 millones de pesos, sin que se llevara a cabo un sumario administrativo. Esta decisión generó un fuerte repudio dentro de la comunidad, ya que la denuncia fue comunicada a la autoridad respectiva, en este caso, Olmos, quien no tomó las medidas necesarias para destituir al acusado y garantizar la seguridad de Paulina.
La situación se tornó aún más trágica el 15 de abril, cuando se conoció el suicidio de Paulina, lo que conmovió a la opinión pública. En una reciente sesión del Concejo Municipal, el concejal Fernando Encina expresó su dolor y la necesidad de justicia. Encina relató que, durante el funeral de Paulina, conoció a sus hijos, quienes manifestaron su deseo de continuar con la lucha legal en nombre de su madre, enfatizando su determinación para buscar justicia y revelar la verdad detrás de este caso insólito.
Previo a su deceso, Paulina se había puesto en contacto con el concejal Encina, suplicándole apoyo y manifestándole la urgencia de su situación. Ante esta delicada información, Encina actuó rápidamente, solicitando documentación sobre la desvinculación de Barnachea por medio de la administración municipal. Sin embargo, se enfrentó a una fuerte resistencia que dificultó el acceso a los documentos necesarios. Fue solo tras elevar una denuncia ante la Contraloría General de la República que logró recibir la información que había pedido con anterioridad, un hecho que pone en tela de juicio la transparencia del proceso administrativo.
Con la presión sobre la administración local aumentando, el concejal Encina hizo un llamado al alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, para que se proceda con la desvinculación inmediata de Juvenal Olmos. A pesar de esta solicitud, hasta la fecha, Olmos sigue en su puesto, lo que genera dudas acerca de la voluntad del municipio para enfrentar la crítica situación y actuar en favor de la justicia. La comunidad observa con atención cómo se desarrollan los acontecimientos, clamando por una respuesta contundente ante la violación de derechos y el sufrimiento de Paulina.
La familia de Paulina ha decidido dar su consentimiento para que se use su nombre real en los medios, buscando visibilizar su causa y solicitar acompañamiento legal y psicosocial a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Su dolor no ha sido en vano, ya que la familia ha encontrado un propósito en la búsqueda de justicia, esperando que el caso inspire a otras víctimas a alzar la voz y que se realicen cambios estructurales que protejan a quienes se encuentran en situaciones similares. La lucha por la igualdad y el respeto a los derechos de todas las mujeres sigue en pie, con el apoyo de diversos actores de la sociedad.
