En la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3) celebrada del 9 al 13 de junio de 2025 en Niza, Francia, Chile se posicionó como un líder en las políticas oceánicas a nivel global. El país anunció su compromiso de proteger más del 50% de su superficie marina, superando la meta 30×30, y se postuló para ser sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar y co-presidir la próxima Conferencia de los Océanos. Sin embargo, esta imagen de liderazgo se contradice con la desconsideración que enfrenta la Ley 20.249, que establece los Espacios Costero-Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). Desde esta tribuna internacional, la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar destacó esta incongruencia, señalando las tensiones entre una política oceánica inclusiva y el desprecio hacia dicha ley en el ámbito doméstico.
La Ley 20.249 es un hito en la lucha de los pueblos originarios de Chile, ya que permite la administración de espacios marino-costeros a comunidades que han utilizado históricamente esos territorios. Su principal objetivo es preservar las prácticas culturales y garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales. Durante UNOC3, Pamela Mayorga Caro, una de las coordinadoras de la red, enfatizó que esta ley representa una herramienta de co-administración crucial, que otorga voz y poder a las comunidades en la gestión y protección de sus ecosistemas. Sin embargo, el desafío radica en que, a pesar de su valor, no se considera en la agenda oficial de políticas oceánicas del país.
A medida que Chile intenta liderar la conservación marina a gran escala, las aguas interiores y las áreas costeras siguen siendo escenarios de conflictos ambientales sin resolverse. La Ley 20.249, que podría jugar un papel clave en la conservación del litoral y en la resolución de estos conflictos, se encuentra atacada por sectores industriales que promueven el extractivismo. Esta contradicción fue subrayada por la Relatora Especial de la ONU, Astrid Puentes Riaño, quien destacó que la exclusión de las comunidades costeras en el diseño de políticas públicas no solo es irresponsable, sino que también socava las posibilidades de una gestión marina efectiva, dado que alrededor de 500 millones de personas dependen de la pesca a pequeña escala.
Desde Niza, Ingrid Echeverría Huequelef y otras representantes de la Red subrayaron que la defensa de la Ley 20.249 es también una defensa de la identidad cultural y espiritual de los pueblos originarios. Echeverría enfatizó que su visión integral del océano, que lo considera un espacio de memoria, sustento y espiritualidad, choca directamente con las políticas extractivistas que promueve la «Economía Azul». A pesar de los intentos de invisibilizarlas y marginalizarlas, estas mujeres siguen alzando su voz en defensa de su tierra y sus derechos, resistiendo ante las campañas de odio y racismo que enfrentan.
A medida que la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar continúa su lucha, su mensaje es claro: la política oceánica en Chile debe ser inclusiva y respetar los derechos de los pueblos originarios. En su llamado a la acción, demandan que se detenga la mercantilización del océano y que se garantice la participación activa de comunidades en la gobernanza marina. La clara contradicción entre el discurso de liderazgo ambiental internacional de Chile y su manejo interno de las leyes de protección costera representa no solo una crisis nacional, sino una crisis global que debe ser abordada con seriedad y coherencia. Como advirtió Pérsida Cheuquenao Aillpán, es imperativo que el gobierno chileno resuelva sus contradicciones antes de pretender ser un líder en la política oceánica mundial.
