El Presidente Gabriel Boric anunció este jueves 19 de junio el envío al Congreso de un proyecto de reforma constitucional que busca un reconocimiento oficial de los derechos de los pueblos indígenas en Chile. Esta iniciativa tiene como objetivo beneficiar a diversos pueblos originarios, entre ellos el Aymara, Rapa Nui, Atacameño o Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Mapuche, Kawésqar, Yagán y Selk’nam. El anuncio se alinea con la Ley Indígena vigente y los tratados internacionales que Chile ha ratificado, lo que significa un paso importante hacia la reparación de la histórica injusticia que estos pueblos han sufrido a lo largo del tiempo.
Durante su discurso, Boric resaltó que la reforma no se limita a la ampliación de las protecciones legales para los pueblos indígenas, sino que también busca consagrar el principio de interculturalidad. El mandatario afirmó que es fundamental fomentar un diálogo respetuoso y constructivo entre las diferentes culturas que coexisten en el país. «Reconocemos la diversidad como riqueza nacional», expresó Boric, destacando que el proyecto responde a demandas históricas que han sido planteadas por organizaciones indígenas desde hace años, además de cumplir con compromisos que se arrastran desde el Acuerdo de Nueva Imperial de 1989.
La propuesta dada a conocer por el presidente Boric se basa en las recomendaciones emitidas por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, cuyo informe fue entregado en mayo. Según el Gobierno, la reforma garantiza derechos tanto individuales como colectivos, asegurando su coherencia con la Constitución vigente y con los estándares internacionales. «Este es un paso hacia la reparación», aseguró el mandatario, aunque no se dieron detalles sobre los plazos para su discusión legislativa, un aspecto que ha generado incertidumbre entre los actores políticos y sociales.
El anuncio de Boric ha suscitado un intenso debate en el ámbito político, especialmente dado que se produce a solo ocho meses del final del gobierno actual. Este timing ha planteado dudas sobre la viabilidad del proyecto, y las organizaciones indígenas aún no han emitido pronunciamientos significativos, quizás a la espera de revisar el texto definitivo que se presentará. A pesar de ello, el Ejecutivo se mantiene firme en que la propuesta sintetiza discusiones previas de administraciones pasadas, independientemente de su orientación política, aunque se reconoce que el éxito de la reforma dependerá de un apoyo amplio en el Congreso.
El anuncio reactiva una conversación que ha sido postergada en el país, pues Chile es uno de los pocos Estados en la región que no cuenta con un reconocimiento constitucional de sus pueblos originarios. Para el Gobierno, esta reforma representa una forma de cerrar una «deuda simbólica y jurídica» que se ha mantenido por mucho tiempo. Sin embargo, los críticos del proyecto han señalado la falta de consultas previas a las comunidades indígenas, a pesar de que Boric aseguró que se han incorporado las «voces de años de diálogo». Mientras tanto, el foco estará en los detalles de la iniciativa y en la capacidad del Ejecutivo para lograr consensos en un Congreso dividido.
