La Asociación Regional Metropolitana de Trabajadoras y Trabajadores de SENAME (ARMETRASE) ha emitido una grave alerta sobre el deterioro de las condiciones en el recién implementado Servicio de Reinserción Social Juvenil. Según el dirigente de ARMETRASE, Gonzalo Marín, la transformación del Servicio Nacional de Menores (Sename) hacia este nuevo modelo no ha traído consigo mejoras significativas para los jóvenes infractores ni para los trabajadores que los atienden. Por el contrario, Marín sostiene que el cambio ha incrementado la precariedad existente, evidenciando que siguen prevaleciendo problemas estructurales como la deficiencia en infraestructura y gestión, lo que obstaculiza la reinserción social y el bienestar integral de los menores.
Marín destaca que el nuevo servicio se enfrenta a la problemática de contar con dos autoridades, la saliente de Sename y la entrante del nuevo servicio, lo que crea un estado de incertidumbre constante en la toma de decisiones. Además, critica que el nuevo equipo presenta un conocimiento superficial de las condiciones que enfrentan tanto los jóvenes como los trabajadores en los centros de reinserción. Esta falta de comprensión ha resultado en la continuación de problemas graves en las regiones donde ya se realizó el cambio, llevando a ARMETRASE a concluir que el cambio de nombre del servicio no implica una modificación real en su funcionamiento.
La crítica de Marín se extiende hacia las políticas públicas implementadas, las cuales considera solo declaraciones vacías que no garantizan los derechos de los jóvenes. El dirigente señala que muchos de los responsables del nuevo servicio son los mismos que estaban al mando de los modelos de residencias familiares y del programa Mejor Niñez, lo que suscita serias dudas sobre su capacidad para generar un ambiente de bienestar. A su juicio, el proceso actual ha expuesto los estragos de políticas que no priorizan los derechos de los involucrados, sino que responden a intereses ajenos a la misión del servicio.
ARMETRASE también ha denunciado una sistemática persecución hacia sus dirigentes, consigna Marín, quien citó varios sumarios administrativos en contra de los líderes que defienden los derechos laborales y las condiciones de vida de los jóvenes. Este acoso se ha intensificado desde la movilización de San Joaquín el año pasado, donde se expusieron las deplorables condiciones de habitabilidad en algunos centros, incluyendo servicios sanitarios colapsados y falta de colchones para los menores. Marín destaca que la Corte de Apelaciones de San Miguel y el Instituto Nacional de Derechos Humanos han intervenido debido a estas alarmantes condiciones, lo que evidencia la gravedad de la situación.
Finalmente, el dirigente de ARMETRASE concluye que la principal barrera para el avance real de los derechos laborales y la mejora de las condiciones en el servicio es el cuoteo político que cada gobierno realiza en la dirección del servicio. Esta situación, en relación con las organizaciones sindicales, hace que muchas veces estas se conviertan en cómplices del statu quo, alejándose de los motivos que dieron origen a su lucha. Marín considera que el desafío más importante radica en confrontar esta mirada «subsidiaria» del Estado chileno, que según él, se revela incapaz de garantizar un verdadero bienestar para los jóvenes y sus trabajadores.
