El presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó el pasado 10 de julio la Ley de Fraccionamiento Pesquero, una legislación que promete marcar un hito en la industria pesquera del país al poner fin a más de una década de inequidad bajo la antigua Ley Longueira. Esta nueva norma, que entrará en vigencia en enero de 2026, busca redistribuir las cuotas de captura de forma equitativa entre los sectores artesanal e industrial, dando una respuesta directa a las demandas del sector que históricamente fue marginado. Con esta ley, se calcula que alrededor de 160 millones de dólares anuales serán reinyectados en caletas locales, fortaleciendo la economía de muchas comunidades costeras.
La Ley de Fraccionamiento Pesquero establece un nuevo marco regulatorio para 23 pesquerías de importancia nacional, destinado a garantizar que los incrementos de las cuotas de captura para pescadores artesanales se distribuyan de manera equitativa a nivel regional. De este modo, se evitará que las cuotas sean concentradas en manos de grandes grupos industriales, algo que había caracterizado a la gestión durante la ley anterior. Desde el Ministerio de Economía, se destacó que esta es una «reparación concreta al sector artesanal», que durante años había sufrido la marginación y la falta de recursos.
Uno de los aspectos más innovadores de la nueva legislación es la introducción de un cobro de patente especial para las empresas que adquieran cuotas internacionales, lo que permitirá resguardar los ingresos fiscales del Estado. Además, la ley contempla un endurecimiento de las sanciones para aquellos que incurren en pesca ilegal y prohíbe aumentos de cuotas para empresas con infracciones graves. Estas medidas buscan poner fin a la impunidad y proteger los ecosistemas marinos, un tema que ha cobrado relevancia en las discusiones sobre sostenibilidad y conservación del medio ambiente.
La necesidad de realizar estos cambios surge del legado negativo de la Ley Longueira, la cual fue objeto de investigaciones por cohecho, fraude y financiamiento ilegal de campañas políticas. Esta norma, que fue implementada durante el primer mandato de Sebastián Piñera, permitió que un pequeño grupo de familias se beneficiara desproporcionadamente del recurso pesquero. Las condenas a figuras políticas como el exsenador Jaime Orpis y la exdiputada Marta Isasi evidencian cómo el sistema estaba viciado y cómo la corrupción había afectado la equidad en la asignación de recursos.
Durante la ceremonia de promulgación, el presidente Boric enfatizó que esta nueva ley «cierra una página de abusos» en la historia de la regulación pesquera en Chile. Con una implementación programada para el año 2026 y una revisión anual de las cuotas, la nueva normativa se presenta como un paso fundamental hacia la justicia social, buscando no solo dinamizar las economías locales, sino también beneficiar a decenas de miles de familias que dependen de la pesca artesanal. La expectativa es que la ley impulse un cambio significativo en la relación entre el Estado, la industria pesquera y las comunidades costeras.
