El presidente Gabriel Boric asumió el 11 de marzo de 2022 como el primer Gobierno chileno en denominarse ecologista, prometiendo un enfoque renovado hacia las políticas ambientales. Sin embargo, al cumplirse el tercer aniversario de su mandato, un informe de Ciudadanía Inteligente reveló que de las nueve promesas realizadas en materia ambiental, solo cuatro se consideran cumplidas, lo que refleja un escaso 44% de éxito. Esta situación ha generado un creciente descontento entre diversas organizaciones sociales y medioambientales que, desde la llegada al poder del actual Gobierno, han advertido sobre la falta de avances concretos y el incumplimiento de los compromisos adquiridos en la agenda ecologista.
A pesar de lograr algunas promesas, como la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la implementación de un Sistema Nacional de Centros de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre, el Gobierno de Boric ha enfrentado críticas por avanzar en proyectos que han sido calificados como «regresivos» en términos de derechos ambientales. Entre ellos, la controvertida Ley de Permisología y acuerdos alcanzados con la industria de la minería del litio han levantado alarmas sobre el riesgo latente de despojar al Estado de su control sobre el patrimonio natural, generando desconfianza hacia el compromiso ecologista del Gobierno.
La reciente aprobación de la Ley de Permisología, celebrada por el Ejecutivo como un avance hacia la modernización del Estado, ha desencadenado un intenso debate. Luego de que la Cámara de Diputados aprobara en julio de 2025 las modificaciones al Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, un grupo significativo de diputados ha elevado un requerimiento al Tribunal Constitucional, cuestionando la legalidad de la normativa, alegando que infringe garantías fundamentales como el derecho a un medio ambiente sano. Esta situación refleja la creciente división entre la gestión gubernamental y las preocupaciones de la ciudadanía y expertos en materia ambiental.
El desencanto hacia el Gobierno ha sido palpable entre los activistas ambientales, como es el caso de Juan Carlos Viveros, coordinador del colectivo Defendamos Chiloé. Viveros ha expresado su sorpresa por la transformación del gobierno, que comenzó con un discurso ecologista para culminar entregado a las demandas de sectores industriales. A su juicio, esto revela cómo los intereses económicos han terminado priorizándose sobre el bienestar social y ambiental, con un impacto negativo en la salud y en el medio ambiente, particularmente en regiones afectadas por la industria salmonera.
La presión ejercida por la industria del salmón y otros sectores ha llevado a un cambio brusco en la agenda del Gobierno, lo que algunos han calificado como el funeral del primer gobierno ecologista de Chile. Con la aparente falta de oposición a estas influencias, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, ha desaparecido de las discusiones sobre la crítica situación de la salmonicultura en áreas protegidas. Ante esta realidad, articulada en un rechazo colectivo de más de 200 organizaciones, la promesa de un futuro sustentable para Chile parece cada vez más lejana, pues muchos consideran que los actuales modelos políticos y económicos benefician solo a unos pocos, poniendo en riesgo la salud y el medio ambiente.
