En medio de una creciente crisis en la comunidad de La Antena, en San Rosendo, cientos de familias con casi 50 años de historia y títulos de propiedad se encuentran enfrentando la exigencia de desocupar sus hogares. Desde hace casi dos años, el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) ha solicitado a los residentes abandonar sus viviendas, fundamentando el requerimiento en un presunto riesgo de remoción en masa en el cerro que alberga sus casas. Esta situación ha llevado a una movilización vecinal masiva, demostrando el profundo sentido de pertenencia de los habitantes hacia su comunidad.
Recientemente, los vecinos de La Antena recibieron notificaciones formales que agravan la ya tensa situación. La exigencia por parte de las autoridades de desalojar el sector se enmarca en un proyecto para ceder el terreno a la Corporación Nacional Forestal (CONAF), que planea construir parques en la zona. Sin embargo, los residentes denunciaron no solo la falta de soluciones efectivas, sino también un abandono evidente por parte del Estado que pone en riesgo sus derechos fundamentales. Muchas de estas familias han vivido en la comunidad desde que se estableció como una toma de terrenos hace cinco décadas, y han trabajado arduamente para obtener la formalización de sus propiedades.
Un informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) de junio de 2024 describe un inminente riesgo geológico en la ladera sur del cerro Las Antenas, donde se ha detectado un deslizamiento de regolito y la presencia de materiales inestables. Este documento, que detalla una área afectada de aproximadamente 1000 m2, también hace referencia a una vivienda con una grieta visible. El estudio resalta que las soluciones para mitigar el riesgo han fallado en gran medida, ya que algunos gaviones instalados han sido alterados por los propios vecinos, quienes buscan proteger sus hogares ante la inacción de las autoridades.
A la falta de atención por parte del SERVIU y la Municipalidad, se suma la ausencia de un catastro actualizado de las familias afectadas y alternativas concretas para la reubicación de los residentes en terrenos más seguros dentro de la misma comuna. La situación es crítica, ya que tres generaciones de familias están arraigadas en La Antena, con un estilo de vida estrechamente ligado a la agricultura y el entorno natural. La falta de información accesible y el desconocimiento de los mecanismos legales están exacerbando la vulnerabilidad de los vecinos, quienes se sienten cada vez más desprotegidos ante la amenaza del desalojo.
Lamentablemente, la tensión ha llevado a situaciones extremas, como el suicidio de dos vecinos que, tras firmar documentos relacionados con la exigencia de desalojo, perdieron la esperanza ante el panorama incierto que enfrentan. Esto refleja la desesperación y el impacto psicológico que la amenaza de desarraigo ha causado en la comunidad. Movimientos organizados están surgiendo entre los residentes, quienes están considerando solicitar un recurso de protección que obligue a las autoridades a proporcionar soluciones habitacionales antes de cualquier desalojo. Mientras algunos antiguos miembros de la comunidad regresan, decididos a luchar por sus derechos, La Antena se convierte en un crudo ejemplo de vulneración de derechos y abandono estatal en la región del Biobío.
