Un análisis detallado de la Encuesta UDP-Feedback ha revelado un intrigante contrasentido en la perspectiva de la ciudadanía chilena hacia la democracia y la delincuencia. A pesar de que un 66% de los encuestados prefiere vivir en un sistema democrático, un sorprendente 52,8% está dispuesto a considerar un régimen autoritario como la opción más eficaz para hacer frente a la creciente preocupación por la criminalidad. Este fenómeno pone de manifiesto una tensión entre la valoración de los principios democráticos y el deseo de una respuesta contundente a la inseguridad, un dilema que se ha convertido en una de las principales preocupaciones del país.
El estudio, realizado entre el 8 y el 21 de agosto de 2024, pone de relieve que la ciudadanía se siente más segura en un contexto democrático cuando se trata de problemas como la convivencia y la economía. Sin embargo, cuando la pregunta se centra en la delincuencia, la percepción cambia drásticamente, evidenciando que las personas ven incongruente los derechos democráticos en un escenario de amenaza constante a su seguridad. Este cambio de perspectiva es especialmente notable dentro de los sectores medios y entre los hombres, quienes son más propensos a apoyar medidas autoritarias, lo que sugiere un claro deseo de soluciones rápidas y efectivas frente al temor palpable de la delincuencia.
El informe subraya el uso creciente de prácticas de autocuidado entre las personas, donde el 70,7% de los chilenos se agrupa en comunidades de WhatsApp para compartir información sobre seguridad y un 46,4% ha decidido instalar alarmas en sus hogares. Las mujeres, en particular, han adoptado estrategias de precaución, como evitar salir de casa con dinero o desplazarse de noche, lo que refleja un impacto diferenciado de la inseguridad en función del género. Esta realidad social evidencia que, aunque se exige mayor seguridad, los ciudadanos están tomando las riendas de su protección en un contexto donde las instituciones responsables no perciben como eficaces.
Por otra parte, la confianza en las instituciones de seguridad es desigual, con Carabineros siendo la entidad más valorada al alcanzar un 58% de confianza frente a un escaso 14,6% en comparación con la seguridad municipal. A pesar de esto, las respuestas institucionales a la delincuencia no parecen ser satisfactorias para la población. Las medidas que obtienen el mayor respaldo incluyen la comunicación vecinal mediante WhatsApp y la instalación de dispositivos de alarma, mientras que realizar denuncias o contactar con la seguridad municipal son vistas como poco efectivas. Este descontento con la respuesta estatal deja entrever una necesidad urgente de un cambio estructural en la política de seguridad.
Los resultados de la encuesta también reflejan la ambivalencia de la ciudadanía frente a ciertas políticas públicas. Mientras que un 76,8% apoya el control preventivo de identidad y un acceso estatal a cuentas bancarias, un alto porcentaje rechaza medidas que pudieran comprometer sus derechos, como el porte irrestricto de armas o allanamientos sin orden judicial. Existe, por lo tanto, una clara demanda de control estatal para gestionar la seguridad, pero también una firme defensa de las libertades individuales. A esto se suma la desconfianza en las redes sociales como fuente informativa sobre seguridad, lo que hace que los medios tradicionales, aunque afecten a la percepción del miedo colectivo, permanezcan como la principal vía de información para los chilenos.
