La Relatora Especial de las Naciones Unidas para la libertad de reunión pacífica y asociación, Gina Romero, finalizó el pasado 23 de julio su visita a Chile, donde realizó una exhaustiva evaluación de la situación de los derechos humanos en el país, especialmente en el contexto de las manifestaciones pacíficas y el Estallido Social. Su evaluación pone de manifiesto un panorama alarmante respecto al acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, quienes, casi seis años después de los sucesos ocurridos en 2019, aún enfrentan un acceso limitado a los mecanismos de justicia. A pesar de las más de 10.000 denuncias presentadas contra funcionarios policiales y militares, la cantidad de casos que han avanzado hacia la formalización o han recibido sentencias firmes es muy reducida, lo que deja a las víctimas y sus familias sumidas en una sensación de impunidad.
Romero también destacó la preocupación respecto a la prescripción de las acciones judiciales, un fenómeno que desestima las esperanzas de justicia de las víctimas. Según la Relatora, muchas de ellas han esperado con ansias respuestas judiciales y, con el tiempo, se ha acrecentado su frustración. En su evaluación, si bien se han implementado iniciativas como el Plan de Acompañamiento y Cuidado a Personas Víctimas de Trauma Ocular (PACTO) y se han otorgado pensiones de gracia a algunas víctimas, también surgieron interrogantes sobre la efectividad y los criterios empleados en la entrega de estas ayudas, así como la ausencia de atención médica apropiada para quienes todavía portan perdigones de plomo en sus cuerpos.
Una de las observaciones más críticas abordadas por Romero se refiere al uso de narrativas deslegitimadoras en torno a las manifestaciones. La Relatora denunció que el discurso público no ha hecho distinciones entre los manifestantes pacíficos y aquellos que han incurrido en la violencia, empleando términos como «estallido delictual» y «octubrismo», que, según ella, minimizan y distorsionan las demandas sociales legítimas que emergieron en 2019. Este fenómeno no solo estigmatiza a quienes ejercen su derecho a la reunión, sino que también contribuye a un ambiente social adverso para el ejercicio de la protesta pacífica.
Romero también señaló la preocupante situación en la que numerosos grupos, que van más allá de Carabineros, participan en el control de manifestaciones, incluyendo al Ejército, la Policía Marítima y Seguridad Municipal. La Relatora advirtió que muchos de estos grupos no poseen la capacitación necesaria en derechos humanos, lo que puede llevar a un uso inapropiado de la fuerza. Con esto en mente, Romero instó a las autoridades chilenas a revaluar y revisar legislaciones como la Ley Nain-Retamal y la Ley Antitomas, que están dirigidas a criminalizar protestas y no se ajustan a las normativas internacionales sobre derechos humanos.
Finalmente, la Relatora Especial concluyó que Chile enfrenta serios desafíos en su camino hacia una justicia plena y el reconocimiento del derecho a la reunión pacífica. La superación de las falencias evidenciadas podría ser un paso crucial hacia la construcción de una sociedad en la que el respeto por los derechos humanos se consolide como una realidad para todos sus ciudadanos. En este sentido, el compromiso de las autoridades con la justicia y el reconocimiento de la dignidad humana será fundamental para avanzar en la construcción de un país más justo e inclusivo.
