Empresas Carozzi S.A. se encuentra en el centro de un escándalo tras la confirmación por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago de una multa sanitaria de 100 UTM, equivalente a aproximadamente $6.9 millones. La sanción fue impuesta a su fábrica de jugos y bebidas de fantasía, ubicada en San Bernardo, debido al uso de edulcorantes artificiales no permitidos en su producto “Vivo Agua”, sabor frambuesa. La decisión, tomada por la Novena Sala del tribunal, fue unánime y ratifica la resolución de la Seremía de Salud Metropolitana, que también decretó la prohibición de la comercialización y expendio de dicho producto por incumplir la normativa sanitaria vigente.
La controversia se originó luego de una denuncia en Twitter, que alertó sobre la composición engañosa del producto Vivo Agua sabor frambuesa, el cual se comercializaba como una bebida refrescante a base de fruta. Aportando a la discusión, se señaló que este producto contenía edulcorantes artificiales, lo que contraviene lo estipulado en el artículo 487 A del Reglamento Sanitario de los Alimentos, que prohíbe dicho uso en aguas envasadas. La autoridad sanitaria estableció que el uso del término «bebida refrescante» podría inducir a error al consumidor, ya que no corresponde a la naturaleza del producto, lo que justificó la sanción impuesta.
En un fallo anterior, el 21º Juzgado Civil de Santiago había rechazado la reclamación de Empresas Carozzi contra el Fisco de Chile, lo que llevó a la empresa a apelar la decisión. Sin embargo, la Corte de Apelaciones ratificó que la evidencia presentada por la empresa no logró desvirtuar la presunción de veracidad de los hechos constatados por los fiscalizadores de la Seremía de Salud. La corte enfatizó que la naturaleza del producto, tal como se presenta, puede generar confusión entre los consumidores, apoyando de esta forma la argumentación en contra de Carozzi.
El fallo de la Corte de Apelaciones también reiteró que la empresa no puede eludir su responsabilidad alegando que otras marcas comercializan productos similares sin inconvenientes. Este punto es crucial, ya que la investigación y el proceso judicial se centraron exclusivamente en la denuncia formulada y no en el comportamiento de otras empresas competidoras. La resolución refuerza la idea de que cada empresa es responsable de cumplir con la normativa específica del país respecto a la comercialización de sus productos.
La situación de Empresas Carozzi subraya la importancia de la regulación en materia de salud pública y la necesidad de que las empresas respeten las normas sanitarias vigentes. Este caso también plantea una reflexión sobre la confianza del consumidor y cómo la presentación y etiquetado de los productos pueden influir en la percepción del público. A medida que avanzan las discusiones sobre la ética empresarial y la protección al consumidor, este escándalo podría tener repercusiones significativas para la reputación y las operaciones futuras de la empresa.
