Los dirigentes del Colegio de Profesores de la Región de O’Higgins han denunciado públicamente la situación irregular que afecta a Leonardo Fuentes, quien, a pesar de estar suspendido de sus funciones como director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Colchagua, continúa recibiendo su salario millonario. Esta situación se arrastra desde hace más de dos años, período en el que un sumario administrativo ha encontrado múltiples irregularidades, incluyendo la ilegalidad de 378 despidos y el desvío de más de $2.000 millones en fondos públicos. Aunque la Contraloría Regional determinó la necesidad de reincorporar a los profesores despedidos, las gestiones para responsabilizar a Fuentes parece no avanzar y la falta de transparencia ha generado un creciente malestar entre los educadores de la región.
La presidenta del Regional de O’Higgins, Samanta Jorquera, ha sido vocal en su rechazo a la prolongación del sumario administrativo, el cual ha estado marcado por la falta de información sobre quién se encarga de la investigación. Jorquera hizo hincapié en que las circunstancias que rodean los despidos son preocupantes, y que la reestructuración, que se presentó como necesaria, ha resultado en procesos judiciales exitosos para muchos de los trabajadores que fueron injustamente desvinculados. La denominada «cacería de brujas» se ha extendido más allá de los despidos iniciales, ya que muchos de los afectados aún lidian con juicios y ansias de justicia por la mala gestión de los recursos destinados a la educación.
La ausencia de claridad en el procedimiento ha sido corroborada por documentos oficiales como el oficio del SLEP Colchagua, señalando que, aunque el sumario ha excedido los plazos, esto no compromete su validez. Además, las solicitudes de información realizadas a la Dirección de Educación Pública (DEP) han topado con respuestas que insisten en que el contenido del caso es secreto, lo que ha llevado a los dirigentes a cuestionar la legitimidad de las decisiones tomadas en este prolongado proceso. Jorquera considera esta situación como una clara señal de corrupción, en donde los involucrados en la mala gestión se encuentran protegidos por su estatus de poder.
Las opiniones sobre este tema son unánimes entre los dirigentes educativos, quienes se ven frustrados por la aparente falta de acción por parte de las autoridades. Pedro Salinas, otro dirigente del Regional de O’Higgins, exigió una pronta resolución, pues considera que la prolongación del caso es una clara manifestación de burocracia excesiva dentro del sistema. A su vez, han surgido preocupaciones sobre la protección que algunos funcionarios cercanos a Fuentes han recibido, quienes, a pesar de su implicación en estas irregularidades, han evitado consecuencias laborales al renunciar y trasladarse a otros servicios públicos. Las inquietudes son tales que la situación ha llegado a ser investigada por la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins, lo que resalta la seriedad de las acusaciones en torno a la gestión del SLEP de Colchagua.
Finalmente, los dirigentes han enfatizado que este caso no solo tiene implicaciones administrativas, sino que también subraya una falta de responsabilidad y transparencia por parte de quienes ocupan puestos de poder en el ámbito educativo. La presidenta Jorquera concluyó afirmando que, tras los múltiples hallazgos de mal uso de los recursos públicos, lo que se observa es una falta de control y sanción hacia los responsables, mientras que los trabajadores comunes enfrentan la carga de ser cuestionados constantemente. La necesidad de que se divulgue la identidad del fiscal a cargo del sumario se convierte en un punto crucial para comenzar a presionar por una mayor transparencia y justicia en este conflicto, evidenciando que la situación en el SLEP de Colchagua es solo la punta del iceberg en un sistema que necesita una revisión profunda y urgente.
