El reciente anuncio del candidato José Antonio Kast acerca de su iniciativa para gestionar la migración ilegal ha generado un gran debate en la opinión pública. La propuesta, que incluye el despliegue de las Fuerzas Armadas y la construcción de barreras físicas en la frontera, busca lo que Kast denomina «recuperar la gobernanza fronteriza». Sin embargo, esta iniciativa ha sido fuertemente criticada por activistas y expertos en derechos humanos, quienes argumentan que vincular la migración con la inseguridad es una falacia que carece de base en la realidad. Kast ha sido explícito al que plantea detener y expulsar a las personas migrantes, afirmando que “se van a ir con lo puesto”, una afirmación que ha encendido las alarmas sobre la deshumanización que acompaña a su discurso.
Catalina Bosch, cofundadora de la Organización Migrantas, ha denunciado que las propuestas de Kast surgen de una narrativa equivocada que asocia la migración con el aumento de la criminalidad. Según ella, esta percepción negativa ha sido utilizada eficazmente en el ámbito político-electoral, apelando a los temores de la ciudadanía. Bosch señala que esta visión no solo es errónea, sino que también simplifica un fenómeno complejo y multifacético, reduciendo a los migrantes a la categoría de «amenaza». Esto puede resultar muy popular entre ciertos sectores del electorado, pero ignora las raíces del desplazamiento forzado y la búsqueda de asilo por parte de muchos migrantes.
El programa presentado por la campaña de Kast también incluye la mejora del control fronterizo en regiones claves como Tarapacá y Antofagasta, abarcando todos los aspectos desde lo terrestre hasta ciberseguridad. Bosch critica la falta de fundamentación estadística de estas propuestas, enfatizando que se omiten consideraciones esenciales, tales como los tratados internacionales que Chile ha firmado sobre protección de los derechos de los migrantes. Tal discurso y acciones no solo parecen ignorar el compromiso humanitario del país, sino que también evidencian una falta de comprensión sobre las realidades que enfrentan muchas personas que migran, empujadas por la pobreza y la violencia.
La activista subraya que esta propuesta de gestión de la migración no toma en cuenta la situación precaria de los migrantes indocumentados, quienes a menudo se ven obligados a tomar rutas peligrosas. La migración irregular puede ser una decisión desesperada, y responsabilizar a los migrantes como si fueran adversarios ignora la complejidad de sus circunstancias. Bosch reitera que, antes que criminalizar a quienes migran, la promoción de políticas que garanticen condiciones seguras y dignas de tránsito es fundamental. Este enfoque debería basarse en un entendimiento informado del fenómeno migratorio y las dimensiones humanas detrás de él.
Finalmente, la propuesta del candidato Kast de implementar medidas de seguridad nacionales mediante un enfoque punitivo podría llevar a una criminalización sistemática de los migrantes, contradiciendo los compromisos internacionales de Chile. Activistas como Bosch abogan por políticas que prioricen el respeto y la protección de los derechos humanos, en lugar de alimentar la narrativa del miedo. Hacerlo sería una forma de reconocer la humanidad de aquellos en situaciones críticas y responder adecuadamente a la demanda social de una política migratoria más justa y comprensiva.
