El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) de Chile ha iniciado un proceso de consulta pública que se extenderá hasta diciembre de 2025, en torno a un listado de 99 sitios prioritarios que serán reconocidos bajo la nueva Ley N° 21.600. Esta legislación establece el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y propone una amplia protección a la biodiversidad. En este contexto, la Fundación Terram ha publicado un análisis crítico del proceso, centrándose en las implicancias territoriales de este nuevo marco legal, en particular en la región de Valparaíso, donde se identificaron numerosos ecosistemas valiosos que requieren atención y protección.
Pablo Madrid, geógrafo de la Fundación Terram, ha resaltado la falta de claridad en la metodología utilizada por el MMA para seleccionar los sitios priorizados, lo que ha generado confusión y podría afectar negativamente el reconocimiento de áreas cruciales para la conservación. El análisis elaborado por Terram se adentra en el artículo 8° transitorio de la Ley SBAP y se plantea como una herramienta para clarificar cómo se constituirán jurídicamente estas áreas de alta relevancia ecológica desde la perspectiva territorial y ambiental.
La Ley SBAP representa una evolución en la normativa chilena, ya que por primera vez se define un sitio prioritario como un área de alto valor ecológico, considerando diversos criterios relacionados con la diversidad biológica y la singularidad de los ecosistemas. Sin embargo, el análisis de Terram destaca que, a pesar de la creación de esta nueva categoría, al menos 200 sitios relevantes podrían quedar sin ningún tipo de protección, lo que pone de manifiesto posibles vacíos en la legislación que deben ser abordados para asegurar una verdadera conservación de la biodiversidad.
El estudio identifica casos preocupantes en la Región de Valparaíso, donde de 53 sitios prioritarios solo 11 han sido considerados para la inclusión en el listado del MMA. Esta situación es alarmante, pues significa que más del 80% de los ecosistemas críticos de la región no recibirán protección legal. Ejemplos como los Acantilados de Quirilluca y la Quebrada El Quiteño son además lugares de alto valor ecológico, y su exclusión del proceso de protección plantea serias dudas sobre los criterios utilizados y potenciales conflictos de interés que pudieran haber influido en estas decisiones.
Fundación Terram concluye que es esencial avanzar hacia un marco normativo claro y participativo, en el que las decisiones sobre la inclusión de estos sitios se basen en criterios técnicos explícitos y accesibles. La transparencia durante el proceso es clave para establecer confianza pública, y la coordinación entre las nuevas regulaciones y las existentes será fundamental para lograr un sistema de protección coherente y equitativo. A medida que la consulta pública avance, Terram se compromete a seguir participando activamente y aportando información técnica que favorezca la aplicación efectiva de la Ley SBAP, en pro de la conservación de la biodiversidad en Chile.
