La Municipalidad de Lo Barnechea ha llevado a cabo un operativo de demolición en Quebrada Las Zorras, lo que ha desencadenado un fuerte descontento entre los pobladores de la zona. A primeras horas de la mañana del martes 2 de diciembre, se inició el desalojo en el campamento situado en la quebrada, donde aproximadamente 30 familias, conformadas por unas 82 personas, han estado viviendo en condiciones precarias durante varios años. Esta acción, justificada por la municipalidad debido a la clasificación de la zona como de alto riesgo natural, ha sido resistida por un grupo de residentes que se opusieron activamente, levantando barricadas y arrojando objetos a las fuerzas del orden que acudieron al lugar.
El desalojo ha involucrado a efectivos de Carabineros, quienes, custodiados por carros lanzaaguas y equipos de Control de Orden Público, han sido desplegados para hacer cumplir la ordenanza municipal. Según el coronel Jaime Parraguez, la resistencia ha sido significativa, con enfrentamientos que resultaron en al menos tres detenciones y el uso de gases lacrimógenos para despejar el acceso a la quebrada. La situación se ha vuelto tensa, exhibiendo el frágil equilibrio entre la necesidad de seguridad y la urgencia de garantizar el derecho a la vivienda de las familias afectadas.
El alcalde Felipe Alessandri defendió la medida de desalojo, subrayando el riesgo que representan dichas construcciones para la vida de los vecinos de la comuna. «Cuando está en juego la vida de un vecino, el municipio tiene que actuar con decisión», afirmó. Además, anunció la implementación de un subsidio municipal de arriendo por hasta 24 meses para ayudar a las familias desplazadas, una medida que parte de un plan de relocalización que incluye el traslado gratuito de enseres y bodegaje.
Sin embargo, la respuesta municipal ha sido objeto de críticas, incluso por parte de organizaciones sociales como Techo-Chile, que apoyan el operativo pero alertan sobre la insuficiencia del subsidio ofrecido. La directora social de Techo-Chile, Isidora García, expresó su preocupación, indicando que el monto de $340 mil mensuales no es suficiente para arrendar en Lo Barnechea. “Esto implica desarraigo, pérdida de oportunidades y profundiza la segregación”, aseguró, reflejando una realidad compleja donde la solución habitacional no se encuentra garantizada.
El desalojo en Quebrada Las Zorras reabre un debate importante sobre el acceso a la vivienda en Chile, especialmente para las poblaciones más vulnerables. A pesar de que la municipalidad actúa bajo el amparo de la ley y el principio de protección del riesgo vital, organizaciones sociales advierten que estas medidas pueden llevar a las familias a vivir en condiciones de precariedad, perpetuando una crisis territorial en lugar de ofrecer soluciones efectivas. La necesidad de un enfoque que combine la seguridad con el derecho a la vivienda se vuelve cada vez más urgente en este contexto.
