En el año 2025, la Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche, emergió como un referente mundial en la protección de los derechos indígenas y la gobernanza marina. La Relatora Especial de la ONU, Astrid Puentes Riaño, destacó esta legislación en su informe anual, señalándola como un «modelo ejemplar» para la gestión de recursos marinos que respeta las tradiciones y derechos de las comunidades mapuche-lafkenche. Esta ley no solo ha permitido a estas comunidades gestionar sus recursos marítimos para actividades como la pesca y rituales, sino que también ha afirmado su conexión cultural y espiritual con el océano. Este éxito se ve reflejado en espacios como el ECMPO (Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios) Mañihueico-Huinay, el cual abarca 83 mil hectáreas e integra a múltiples actores locales, desde comunidades indígenas hasta cofradías de pescadores, demostrando que la conservación del medio ambiente y el desarrollo económico pueden coexistir en armonía.
Sin embargo, el reconocimiento internacional de la Ley Lafkenche contrasta con la realidad de su implementación en Chile, donde el 2025 fue testigo de intensas presiones legislativas y judiciales en su contra. Desde el inicio de año, un fallo del Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional una modificación propuesta que buscaba frenar la creación de nuevos ECMPO. Esta resolución, aparentemente favorable a los derechos indígenas, no logró detener los intentos de modificar la ley, ya que estas presiones continuaron en el Congreso, impulsadas por parlamentarios de Renovación Nacional que alegaban necesidad de cambios administrativos para limitar su alcance.
Entre los desafíos a la Ley Lafkenche, la industria salmonera se ha erigido como una de las principales opositoras, argumentando que la legislación crea «incertidumbre» y «conflictividad». Sin embargo, datos de Sernapesca desmienten estas afirmaciones, indicando que, en 17 años de implementación, no se ha registrado ni una sola denuncia formal por abusos relacionados con los ECMPO. Expertos y defensores de derechos señalaron que tales críticas a la ley fueron parte de una campaña de desinformación, acusando a los opositores de basarse en rumores infundados y de fomentar el racismo institucional al cuestionar la legitimidad de las comunidades en la gestión de sus recursos.
La resistencia indígena se ha manifestado de múltiples formas ante la creciente presión. A nivel territorial, las comunidades denuncian dilaciones y rechazos arbitrarios por parte de las autoridades en la tramitación de sus solicitudes para la creación de ECMPO. Casos como el de las comunidades Antünen Rain y Pu Wapi en Aysén ilustran un patrón de conducta judicial que ignora las legítimas demandas de las comunidades, exacerbando la tensión y la desconfianza entre el Estado y los pueblos originarios. A su vez, el clima de violencia se ha intensificado, con dirigentes indígenas como Miguel Raín recibiendo amenazas de muerte por su defensa de la Ley Lafkenche, lo que pone de manifiesto los riesgos que enfrentan quienes luchan por sus derechos.
A pesar del asedio continuo, el espíritu de resistencia de las comunidades mapuche-lafkenche y el firme respaldo del TC han mantenido viva la lucha por la Ley Lafkenche. A medida que el 2025 llega a su fin, esta legislación se ha consolidado como un símbolo de la lucha indígena no solo en Chile, sino en el contexto global. Las comunidades han dejado claro que cualquier modificación a la ley realizada sin consultarlas constituiría una violación grave de sus derechos colectivos, defendiendo la importancia de la consulta previa y la autonomía en la gestión de sus recursos marinos. En un mundo donde la defensa de los derechos indígenas es más crucial que nunca, la Ley Lafkenche se erige como un ejemplo de cómo la conservación y el respeto cultural pueden coexistir en un modelo de gobernanza inclusivo.
