El anuncio realizado por el Presidente José Antonio Kast sobre la posible restitución de la competencia de la Justicia Militar para Carabineros ha generado un amplio debate en la sociedad chilena. Según fuentes cercanas al Gobierno, durante la conmemoración del 99° aniversario de Carabineros, Kast presentará un proyecto de ley que propone enviar a la justicia militar las causas que involucren a efectivos policiales en actos de servicio. Esta medida, que complementaría una serie de iniciativas en torno a la seguridad pública, ha sido calificada como controvertida y peligrosa, especialmente por los sectores de la oposición y organismos de derechos humanos, que ven en ella un riesgo de impunidad y una amenaza a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El contexto legal en el que se inscribe esta propuesta es complejo, dado que Chile ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara Iribarne por permitir que la justicia militar juzgara a civiles, lo que se consideró una violación del derecho a un juicio justo. En respuesta a esa condena, se promulgó la Ley N° 20.477 en 2010, que excluía a los civiles de la justicia militar. Sin embargo, la nueva propuesta del Gobierno de Kast busca revertir esos avances, lo que pone de manifiesto la tensión entre las necesidades de seguridad pública y el respeto por el estado de derecho y las garantías procesales.
La propuesta de Kast incluye también bonificaciones laborales para los efectivos de Carabineros, lo que podría interpretarse como un intento de fortalecer la moral y la autoridad de las fuerzas policiales en un contexto donde la legitimidad de sus acciones ha sido cuestionada. Ex-Ante menciona que la justicia militar funcionaría mediante un sistema jurisdiccional especial, lo cual ha desatado recelos sobre la transparencia en los juicios y el acceso a la justicia para las víctimas de abusos policiales. Este enfoque resuena con la preocupación de muchos ciudadanos, quienes temen que se repitan casos de impunidad y falta de rendición de cuentas que han caracterizado el actuar de Carabineros en el pasado.
Un antecedente alarmante es el caso de Alex Lemún, un joven mapuche que fue asesinado por un oficial de Carabineros en circunstancias que suscitaron una fuerte polémica sobre el uso de fuerza por parte del Estado. Este caso fue emblemático en la lucha por los derechos humanos en Chile y puso en evidencia las fallas del sistema de justicia militar, que durante años protegió a los responsables. La intervención de organismos internacionales y la posterior condena del exoficial evidencian que el camino hacia la justicia en casos de violaciones de derechos humanos es arduo y que cualquier retroceso en esta materia puede generar un impacto duradero y negativo en la percepción pública sobre la justicia.
Finalmente, el respaldo político que Kast espera obtener de ministros y subsecretarios en su gestión sobre seguridad también plantea interrogantes sobre la dirección que tomará su administración en temas de derechos humanos. A medida que se implmentan nuevas políticas de seguridad, la combinación de un enfoque militarista y el respaldo a Carabineros sin un control civil efectivo puede abrir una brecha que erosione aún más la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Así, el Gobierno de Kast se enfrenta al desafío de equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos fundamentales, un equilibrio que será crucial en los debates que se avecinan en el Congreso.
