La bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) ha lanzado una advertencia clara al Gobierno de Chile sobre posibles acciones legales si se mantienen en pie los artículos que regulan las desvinculaciones de funcionarios públicos. El anuncio, realizado el pasado 25 de diciembre, afirma que impulsarán una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en caso de que el Ejecutivo persista en su intención de incluir estas disposiciones en el proyecto de reajuste del sector público. Esta controversia se da en un contexto político tenso, a solo meses de que José Kast asuma la presidencia, lo que ha intensificado los debates en torno a la burocracia estatal y la permanencia de ciertos empleados.
El punto en cuestión se centra especialmente en el protocolo que regula la desvinculación de funcionarios, a raíz de las preocupaciones expresadas por varios diputados de la UDI. Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez han calificado esta iniciativa gubernamental como una «ley inmoral», que, según ellos, beneficiará a los partidarios del actual gobierno de Gabriel Boric al mantenerlos en puestos vitalicios. En un comunicado conjunto, los diputados manifestaron que «si el ministro Grau no retira esta ley para apitutar a operadores políticos, lo vamos a acusar constitucionalmente en marzo, por lo que se puede dar por notificado».
Desde la otra vereda del espectro político, algunos actores defienden que estas medidas son necesarias para proteger a los trabajadores públicos de despidos arbitrarios. Javier Pineda, director de El Ciudadano, ha argumentado que la norma busca establecer requisitos para que los jefes de servicio justifiquen las desvinculaciones, lo que permitiría a la Contraloría supervisar estas decisiones y así evitar despidos injustificados. Según Pineda, es «muy canallesco» que, al final del año, un trabajador sea informado de su despido sin una explicación válida, especialmente aquellos con años de servicio a su haber.
En el ámbito legislativo, la UDI no es la única fuerza que se ha manifestado por esta causa. La oposición ha presentado un total de nueve acusaciones constitucionales durante el mandato de Boric, aunque todas han resultado fallidas. Algunos, como el diputado Diego Ibáñez del Frente Amplio, consideran que el uso de este instrumento por parte de la UDI es no democrático, dado que propone un libelo contra un proyecto de ley en lugar de abordar preocupaciones sobre decisiones administrativas. A esto se suma la postura de ciertos miembros de la derecha que consideran que una acusación no es necesaria ni efectiva en este contexto.
Finalmente, la situación ha generado divisiones dentro del bloque de la derecha. Por un lado, la diputada Ximena Ossandón ha expresado que la acusación constitucional podría ser prematura, sugiriendo que el foco debería estar en rechazar la ley a través de los canales legislativos ordinarios. Del mismo modo, otros sectores, como el Partido de la Gente (PDG), han señalado que no se sumarán al libelo por considerar que el abuso reiterado de estas herramientas perjudica la institucionalidad del país. La expectativa está ahora puesta en el próximo 5 de enero, cuando se espera que el proyecto de ley sea ingresado formalmente al Congreso.
