El Tribunal ha confirmado la existencia de un complejo entramado criminal en los recintos penitenciarios del país, enfocado en el cohecho y el tráfico de drogas. Esta revelación se hizo durante la audiencia de formalización de la conocida «Operación Apocalipsis» en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, donde se tomaron decisiones clave para desarticular esta organización ilegal. La jornada del 30 de diciembre resultó cruzada con el destino de 70 personas, entre las que se encuentran 47 exfuncionarios de Gendarmería, quienes fueron sujetos a prisión preventiva, marcando un antes y un después en la lucha contra la corrupción dentro del sistema penal chileno.
El Fiscal Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, expresó su conformidad con el fallo del Tribunal, resaltando que se validaron todas las pruebas presentadas. Esta resolución fue catalogada como «sólida» por el persecutor, al demostrar la existencia de delitos graves como el soborno y el lavado de activos. La gravedad de los actos de los imputados no solo recae en el uso indebido de sus posiciones como funcionarios públicos, sino en el impacto que esto tiene, desnaturalizando la función de los recintos penitenciarios y convirtiéndolos en espacios para la realización de negocios ilícitos.
Pastén comentó que la organización criminal contaba con una estructura jerárquica establecida, diseñada para regular la oferta y demanda de beneficios prohibidos como el tráfico de drogas. Esta intrincada red no solo operaba desde las sombras, sino que también aprovechaba la confianza depositada en sus miembros, quienes utilizaron sus cargos para promover una cultura de impunidad dentro de las instituciones encargadas de la custodia y rehabilitación de internos.
El fiscal también hizo hincapié en la participación de los gendarmes dentro del esquema delictual, afirmando que el Tribunal consideró como un agravante especial la implicación de funcionarios públicos en estos delitos. Esto subraya la necesidad de realizar una revisión profunda en los protocolos de seguridad y control dentro de las cárceles, dado que su libertad representa una amenaza real para la sociedad en general, especialmente en un contexto donde se buscan garantizar los derechos de todas las personas, incluyendo a aquellas que están bajo custodia.
Finalmente, el fiscal Pastén agradeció el trabajo coordinado de las diversas instituciones implicadas en la investigación, como la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio de Impuestos Internos, abogando por un esfuerzo sostenido para evitar la repetición de estos hechos. «Estamos convencidos de que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que estos patrones delictivos no vuelvan a surgir», concluyó, reafirmando el compromiso con la justicia y la integridad del sistema penitenciario en Chile.
