El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete ha dictado sentencias condenatorias contra seis personas en relación a delitos de incendio y amenazas ocurridos en octubre de 2023 en el camino a Antuco. Esta decisión ha llevado a la condena más severa, que ha recaído en Óscar Hernán Cañupán Calfín, quien deberá cumplir 17 años de prisión efectiva. Los otros cuatro acusados han recibido penas que oscilan entre los 15 años y un día de cárcel, mientras que Rafael Genaro Pichún Collonao ha sido condenado a 7 años de prisión. Las condenas han suscitado un debate en la sociedad chilena, especialmente en el contexto del conflicto territorial en la región del Wallmapu.
Rafael Pichún Collonao, quien es conocido como werken de su lof y es hijo del histórico lonko Pascual Pichún, ha emitido una carta pública desde su encarcelamiento en Angol. En esta misiva, Pichún critica abiertamente el sistema judicial chileno, asegurando que las decididas condenas son parte de una estrategia de persecución política orquestada por el Estado y las grandes empresas, especialmente la industria forestal, que ha tenido un impacto devastador en las tierras y recursos naturales del pueblo mapuche. Según Pichún, estos hechos no son aislados, sino más bien el resultado de una represión sistemática hacia el movimiento autonomista que ha durado más de tres décadas.
En su carta, Pichún hace un llamado a su pueblo y a todos aquellos que apoyan su causa, instando a no rendirse ante la opresión y a continuar la lucha por sus derechos territoriales y culturales. Declara que la condena de 7 años en su contra es un intento de silenciar sus voces y menospreciar su rol como autoridad tradicional mapuche. Su mensaje resuena con la indignación de muchos en la comunidad mapuche, que ven en estas acciones judiciales una clara muestra del poder que las empresas forestales, como Forestal Arauco, tienen sobre el sistema legal, influyendo en decisiones que afectan directamente a sus líderes y a su lucha por los derechos ancestrales.
El fallo, unánime y seguido de diversas implicaciones jurídicas, no solo incluye las penas de prisión, sino también inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y derechos políticos para los condenados. Esta situación expone no solo la vulnerabilidad del movimiento mapuche frente a la justicia chilena, sino también las consecuencias de un sistema que, según Pichún y sus seguidores, favorece a intereses empresariales por encima de los derechos humanos y territoriales de los pueblos originarios. La crítica de Pichún hacia la criminalización de la protesta mapuche refleja una angustiante realidad que permanece en el conflicto que enfrenta esta comunidad.
La situación de Rafael Pichún, sumada a las condenas dictadas, ha reavivado la discusión en torno a la relación entre el Estado chileno, la justicia y las empresas extractivistas, puesto que muchos afirman que estos juicios buscan desarticular el movimiento mapuche y su demanda por autonomía. La carta de Pichún ha encontrado eco en diversas plataformas de la sociedad civil, que apoyan su llamado a la lucha y exigen una revisión crítica de los procesos judiciales que afectan a los líderes de esta comunidad. En medio de un ambiente de tensión y polarización, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas sigue siendo un tema candente en Chile, poniendo en la balanza la relación entre desarrollo económico y justicia social.
