El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha intensificado su lucha legal contra Iván Poduje, quien se posiciona como el próximo ministro de Vivienda, demandando la restitución de más de 12 millones de pesos. Esta acción se respalda en el argumento de que Poduje habría recibido remuneraciones indebidas durante su participación en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en 2020, un periodo en el que, según el CDE, no cumplía con los requisitos legales exigidos para dicho cargo. La controversia surge en medio de un contexto administrativo complicado, donde el arquitecto dejó su rol docente en la Universidad Católica para incorporarse a la Universidad Mayor, lo que generó un vacío en su estatus académico.
Según el CDE, Iván Poduje estuvo inhabilitado para recibir honorarios en el Consejo de Concesiones durante un lapso de tres meses luego de renunciar como académico activo, condición imperativa para su ejercicio en el MOP. El documento presentado ante el 11° Juzgado Civil de Santiago señala que el demandado se benefició indebidamente de pagos por sesiones claves, lo que desencadena la petición de restituir 12.381.300 pesos a las arcas del Estado. Las implicaciones de este litigio son severas, ya que las decisiones tomadas en esos encuentros influenciaron directamente en la infraestructura pública nacional.
A pesar de las acusaciones formuladas en su contra, Poduje ha defendido su posición con firmeza, asegurando que nunca perdió su calidad de profesor y que los retrasos en la formalización de su contrato no deberían afectar su derecho a percibir remuneraciones por su trabajo en el MOP. Su defensa, encabezada por el abogado Javier Rozas, sostiene que la ley no estipula que la continuidad en el cargo dependa exclusivamente de un estatus académico perpetuo, sino de la efectividad en el ejercicio de las funciones asignadas.
Este conflicto legal no es nuevo; ya en 2023, la Contraloría había señalado irregularidades en la gestión contractual de Poduje en la Municipalidad de Vitacura, al confirmarse que brindó asesorías millonarias a la par que asesoraba al MOP. Estas revelaciones han añadido un nivel de complicación adicional a su situación, que ahora podría impactar su futuro como ministro en un momento crítico. La comunidad política y pública observa detenidamente el desarrollo de esta causa, que puede sentar un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la administración de recursos del Estado.
Con la etapa de pruebas cerrada, el tribunal se encuentra a la espera de un fallo que determinará si hubo un aprovechamiento indebido de recursos públicos por parte de Poduje. Un veredicto en contra de él no solo afectaría su prestigio personal y profesional, sino que también marcaría el inicio de su gestión en el ministerio con una pesada carga financiera hacia el Fisco. La resolución definitiva del caso, por lo tanto, no solo es crucial para el futuro de Poduje, sino también para la legitimidad y confianza en la administración pública en Chile.
