Un revelador reportaje elaborado por la Fundación Terram ha puesto al descubierto que grandes empresas del ámbito minero y pesquero en Chile recibieron, durante casi dos décadas, subsidios estatales, aun cuando la ley prohíbe expresamente estos beneficios para ciertas compañías. Según la investigación, entre los años 2004 y 2023, se distribuyeron al menos $6.717 millones en subsidios dirigidos a la mano de obra de empresas que no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley N°19.853. Esta legislación claramente excluye a empresas mineras con más de 100 trabajadores y a aquellas que se dedican a la pesca reductiva. La falta de fiscalización y los criterios a discreción de la Tesorería han permitido que estos recursos públicos lleguen a grupos económicos con antecedentes cuestionables en términos ambientales y judiciales, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia y la ética en la administración de recursos fiscales.
Dentro del sector minero, cuatro grandes empresas han sido identificadas como las principales beneficiarias de estos subsidios indebidos, acumulando más de $4.800 millones en total. El caso más notorio es el de Quiborax, vinculada a la familia Fosk, que recibió $3.575 millones a pesar de tener de manera permanente más de 100 trabajadores en sus operaciones en el Salar de Surire. A pesar de ser objeto de una demanda por daño ambiental irreversible y de haber eludido regulaciones de evaluación ambiental, la Tesorería justificó su acceso a estos subsidios con el argumento de que opera en «zonas extremas con impacto socioeconómico crítico». Este caso pone de relieve una vez más cómo los criterios administrativos pueden ser utilizados de manera problemática en favor de conglomerados con problemas legales.
El reportaje también revela irregularidades en el sector pesquero, específicamente en la pesca reductiva, donde al menos cinco empresas han recibido subsidios a pesar de encontrarse fuera de los límites legales establecidos. Estas empresas, que en su mayoría se dedican a la producción de harina y aceite de pescado, han acumulado más de $1.800 millones en subsidios. Camanchaca, por ejemplo, recibió más de $860 millones y está implicada en escándalos de financiamiento político. Otro caso es el de Golden Omega, que obtuvo $650 millones, vinculado a la producción directa de aceites marinos, mientras que Pesca Chile fue otorgada $298 millones para la extracción de krill en aguas antárticas, actividad cuestionada por sus efectos sobre el ecosistema.
Mientras la Tesorería argumenta que la exclusión se aplicaría solo a empresas que producen harina o aceite de pescado con fines industriales, la información pública contradice estas afirmaciones. Las empresas objeto del subsidio están claramente enroladas en actividades de pesca reductiva que deberían haberlas descalificado del acceso a dichos recursos. Asimismo, cuando se solicitó claridad sobre las justificaciones legales detrás de estas excepciones, la Tesorería no proporcionó documentación suficiente, lo que genera más dudas sobre la transparencia y la legalidad de estas decisiones.
La investigación de la Fundación Terram resalta un grave problema de falta de control y supervisión sobre el uso de subsidios estatales en sectores clave como la minería y la pesca. La continuidad de estas irregularidades no solo socava la confianza pública en las instituciones encargadas de la regulación y fiscalización, sino que también perjudica a empresas que realmente cumplen con los requisitos legales. La utilización discrecional de recursos públicos en beneficio de empresas con antecedentes dudosos plantea la urgencia de reformar los mecanismos de fiscalización y garantizar que los subsidios sirvan al fomento real de las economías locales, sin beneficiar a grandes conglomerados que evaden sus responsabilidades legales.
