La promesa de expulsiones inmediatas formulada por José Kast ha encendido el debate sobre la migración en Chile, poniendo a miles de familias en una situación crítica. Desde la campaña electoral, Kast ha advertido que a partir del 11 de marzo implementará un plan destinado a expulsar a todos aquellos que se encuentren en una situación migratoria irregular. Esta medida, que él considera necesaria para garantizar el control de las fronteras, ha sido descalificada por diversas organizaciones que abogan por los derechos humanos, que destacan la crisis humanitaria que podría desatarse con la ejecución de este plan. La presión sobre la población migrante ha crecido considerablemente, ya que cada día se aproxima la fecha límite establecida por el mandatario electo.
La organización Migrantas ha expresado su grave preocupación por la situación de más de 180,000 migrantes que se empadronaron voluntariamente durante el gobierno de Gabriel Boric. Catalina Bosch, cofundadora de la institución, subraya que los datos recopilados en este proceso podrían ser utilizados para llevar a cabo deportaciones arbitrarias. Esta situación, lejos de ser una solución a los problemas de inmigración en el país, corre el riesgo de criminalizar a los migrantes simplemente por su irregularidad administrativa, generando un escenario de indefensión y temor entre quienes buscan construir una vida mejor en Chile.
Kast ha construido su discurso en torno a una clara distinción entre lo que él denomina «buenos» y «malos» migrantes, utilizando esta retórica para justificar políticas de expulsión que despojan a las personas de su dignidad y derechos fundamentales. Este enfoque ha provocado un clima de tensión e incertidumbre, especialmente entre más de 20,000 familias que están a la espera de respuestas sobre sus solicitudes de reunificación. La posibilidad de que estos procesos se vean amenazados por la inminente aplicación del plan de Kast preocupa a muchos, quienes se encuentran en una situación vulnerable y temen no solo por su futuro, sino también por la estabilidad de sus familias.
A medida que el 11 de marzo se aproxima, la cuenta regresiva promovida por el nuevo gobierno se convierte en una herramienta de persecución psicológica. La idea de que el ingreso al país solo será permitido «por la puerta» y bajo estrictas leyes laborales no ha logrado calmar los temores que sienten los migrantes. La posibilidad de recurrir a la fuerza pública para forzar salidas, sumada a la presión mediática y política, crea un clima de inquietud en la población migrante que siente su integridad en riesgo, frente a un gobierno que parece más interesado en dejar claro quién tiene el control que en garantizar la seguridad de quienes buscan refugio.
El desafío al que se enfrenta Chile es monumental, ya que se debe conciliar la necesidad de seguridad con el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos. La administración electa de Kast podría estar en el camino de comprometer esos derechos en nombre de una seguridad que se construye desde el miedo y la exclusión. Conforme se avanza hacia la toma de posesión, es crítico que se considere el impacto de estas políticas en la vida de miles de personas, que son parte esencial del tejido social y económico del país. El miedo no debe ser la base de la gobernanza, sino un enfoque humanitario que reconozca la dignidad de todos, independientemente de su situación migratoria.
