La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) ha expresado su seria preocupación ante la eliminación anticipada de la tarjeta de coordenadas, una herramienta que ha servido como mecanismo de autenticación bancaria, especialmente utilizada por personas mayores y aquellos con escaso acceso a tecnologías digitales. En respuesta a la disposición de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que establece que la eliminación obligatoria de este sistema físico entrará en vigencia desde el 1 de agosto de 2026, ODECU ha manifestado que algunas entidades financieras ya están comenzando a aplicar esta medida de forma anticipada. Esta tendencia ha creado incertidumbre entre los consumidores, quienes dependen de esta herramienta, poniendo en riesgo su acceso a servicios fundamentales.
ODECU ha señalado que la anticipada migración hacia soluciones digitales, como aplicaciones móviles o tokens virtuales, podría profundizar la brecha tecnológica y afectar de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables, que incluyen a personas mayores, individuos con discapacidad y aquellos sin smartphones. La organización alerta que el reemplazo de los mecanismos físicos por soluciones digitales podría dejar fuera del sistema bancario a muchos usuarios que carecen de las habilidades o recursos necesarios para navegar en un entorno técnico complejo. Stefan Larenas Riobó, presidente de ODECU, recalcó que el avance de la seguridad no debe implicar la exclusión de quienes no pueden adaptarse a este cambio, abogando por una transición que contemple la diversidad de realidades de los consumidores.
En el marco del debate sobre la inclusión financiera, ODECU ha recordado que el reciente proyecto de Ley Integral de Personas Mayores establece un enfoque de derechos que debe ser considerado por las instituciones financieras durante sus procesos de modernización. Esta normativa refuerza la dignidad y autonomía de las personas mayores, obligando a las entidades bancarias a ofrecer servicios que respeten sus necesidades específicas. La ley propone un cambio de paradigma en la relación con los mayores, elevando los estándares de atención y asegurando que las modificaciones en los servicios no resulten en la exclusión de este importante grupo de la población.
La organización también ha advertido sobre los riesgos que implican las migraciones tecnológicas anticipadas. ODECU señala que muchos usuarios podrían encontrar dificultades para acceder a sus cuentas y realizar operaciones básicas durante el periodo de transición. La posibilidad de fraudes y suplantaciones también se incrementa al no recibir información clara y accesible sobre el cambio. La falta de apoyo adecuado para recuperar cuentas y poder operar de manera eficiente podría llevar a situaciones de vulnerabilidad extrema, creando un panorama preocupante para quienes dependen de estos servicios.
Ante este escenario, ODECU ha solicitado a entidades bancarias y organismos reguladores la adopción de medidas de salvaguarda que aseguren una transición inclusiva y responsable. La continuidad del servicio debe ser garantizada, ofreciendo alternativas no digitales para quienes no pueden acceder a aplicaciones móviles y un apoyo personalizado para las personas más vulnerables. Con el fin de evitar que la innovación tecnológica se convierta en una forma de exclusión, la organización continuará monitoreando el proceso de eliminación de la tarjeta de coordenadas, asegurándose de que se respeten los derechos de todos los consumidores.
