La dirección del Ministerio de Obras Públicas ha iniciado una serie de procesos disciplinarios contra varios trabajadores de la Dirección de Contabilidad y Finanzas (DCyF), quienes mostraron su apoyo a una funcionaria destituida. Este acto de solidaridad, en lugar de ser recibido como un signo de compañerismo, fue interpretado por la jefatura como una infracción administrativa. Los empleados firmantes de la carta de respaldo se enfrentan ahora a indagatorias que buscan determinar su conocimiento sobre el procedimiento disciplinario anterior que llevó a la destitución de su colega.
Carlos Soto, dirigente del sindicato de funcionarios, ha denunciado que estas acciones son un claro ejemplo de prácticas antisindicales que buscan intimidar a los trabajadores. Según Soto, la resolución administrativa 1108, que da inicio a las investigaciones, implica que se evaluará si los firmantes estaban al tanto de los pormenores del sumario disciplinario anterior. Al respecto, el dirigente argumenta que su apoyo a la trabajadora destituida era una expresión de preocupación humana y no una vulneración de protocolos, dado que la carta fue emitida tras la aplicación de la sanción.
La respuesta de la jefatura ante esta situación ha sido convocar a los funcionarios a interrogatorios, donde se indaga el proceso detrás de la redacción de la misiva de apoyo y quiénes fueron los principales promotores de la misma. El sindicato ha expresado su disconformidad con estas prácticas, señalando que no debería ser motivo de juicio que los trabajadores se solidaricen con un compañero. Este tipo de interrogatorios es percibido como una forma de presión, lo que ha generado un clima de tensión dentro de la DCyF.
El caso de la funcionaria destituida ha puesto en evidencia una política rígida en el ministerio, donde no se consideran las circunstancias atenuantes al momento de aplicar sanciones. La decisión de destituir a la funcionaria que había viajado fuera del país por razones de salud familiar resalta la falta de flexibilidad de la administración ante situaciones personales difíciles. Los empleados del DCyF han manifestado su preocupación por la automatización de las sanciones sin un análisis del contexto o de la trayectoria profesional de los involucrados.
Finalmente, los trabajadores han comenzado a preparar una denuncia formal ante instancias superiores, argumentando que la utilización del poder disciplinario para castigar actos de solidaridad y opiniones dentro del contexto laboral es una violación de derechos fundamentales. La dirección nacional, mientras tanto, continúa con las indagatorias para esclarecer el manejo de la información en las oficinas, creando un ambiente de vigilancia que ha alarmado a los empleados. Este escenario plantea interrogantes sobre la libertad de expresión y el apoyo entre colegas en el entorno laboral, lo que podría tener repercusiones importantes si no se aborda a tiempo.
