A través de un contundente comunicado, más de 100 organizaciones de Derechos Humanos han expresado su enérgico rechazo y profunda preocupación por las recientes designaciones ministeriales realizadas por el presidente electo José Kast. En particular, han centrado su crítica en la elección de Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos, y de Fernando Barros como ministro de Defensa. Este documento destaca el controvertido pasado de ambos profesionales, quienes realizaron defensa jurídica del dictador Augusto Pinochet, lo que despierta alarmas en un contexto de derechos humanos en el país.
Las razones de este rechazo no son triviales. Según el comunicado, tanto Rabat como Barros han mostrado una postura defensiva ante la atrocidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar en Chile. Las organizaciones enfatizan que la reciente historia del país debe ser un faro que guíe la ética y la moral en la elección de funcionarios en ministerios clave, especialmente aquellos involucrados en la promoción de la verdad y la justicia. Se critica que la designación de estos ministros parece ignorar el sufrimiento de miles de ciudadanos que padecieron torturas, exilio y desapariciones forzadas durante el régimen de Pinochet.
El comunicado revela que Fernando Barros, futuro ministro de Defensa, fue parte del equipo legal que defendió a Pinochet en su juicio en Londres en 1998, mientras que Fernando Rabat participó en la defensa del dictador en casos notables como la Operación Colombo, que encubrió la desaparición y ejecución de opositores políticos. Asimismo, se menciona su vinculación con el estudio jurídico Rodríguez, Vergara y Compañía, del que es parte Pablo Rodríguez Grez, un individuo vinculado a actos de terrorismo contra el gobierno de Salvador Allende, subrayando así la problematicidad de sus trayectorias profesionales.
Para las organizaciones de derechos humanos, la elección de estos ministros es un signo de un preocupante desdén por la historia de Chile y un potencial retroceso en los avances alcanzados en materia de derechos humanos desde el retorno a la democracia en 1990. El comunicado enfatiza que no abordar este tema sería una amenaza a los logros en memoria, justicia y reparación obtenidos con mucho esfuerzo. La sociedad chilena, advierten, no puede permitirse el lujo de olvidar su pasado, ni la colusión de estos nuevos ministros con uno de los capítulos más oscuros de su historia.
Con el objetivo de reafirmar el compromiso con los derechos humanos, el comunicado concluye con un llamado a la vigilancia democrática por parte de estas organizaciones, subrayando la obligación del Estado chileno de proteger y promover los derechos fundamentales. En un contexto tan sensible, donde el legado de impunidad sigue vigente, las organizaciones declaran su intención de seguir luchando por la verdad y la justicia, insistiendo en que el Estado debe garantizar un futuro donde la memoria histórica y los derechos humanos prevalezcan.
