Durante una visita simbólica a la comuna de Penco, devastada por los incendios forestales que causaron la muerte de 19 personas y la pérdida de cerca de 5,000 hogares, el Presidente José Antonio Kast presentó su proyecto de ley «Reconstrucción Nacional». Acompañado de su gabinete, incluyendo a los ministros de Hacienda e Vivienda, Kast propuso más de 40 medidas estructuradas en cinco ejes estratégicos. Estas medidas buscan reactivar la economía pero también incluyen ajustes fiscales que generan controversia, especialmente en el ámbito de la educación superior y el sistema tributario.
El núcleo del plan de Kast consiste en incentivar la inversión privada a través de una serie de medidas fiscales que han desatado un acalorado debate. Entre las propuestas se encuentra la eliminación transitoria del IVA a las viviendas y la reducción significativa de la tasa de impuestos corporativos de un 27% a un 23%. Según Kast, estas medidas tienen como objetivo inyectar liquidez al sector productivo, permitiendo que las empresas reinviertan sus ganancias en las áreas afectadas por los desastres, con la esperanza de acelerar la creación de empleo formal.
Sin embargo, el plan de Kast también incluye medidas polémicas que limitan la gratuidad universitaria, restringiéndola a estudiantes menores de 30 años y frenando su extensión a nuevos deciles de ingreso. Esto contrasta claramente con los compromisos de campaña de Kast, quien aseguró que no habría recortes a los beneficios sociales, incluida la educación gratuita. La diputada Emilia Schneider recordó esta promesa en Twitter, destacando que las acciones del presidente son una traición a sus promesas, lo que ha alimentado la indignación entre los sectores de oposición que abogan por mantener los beneficios sociales.
Las críticas de la oposición han sido contundentes. El senador Diego Ibáñez, entre los más vocales, afirmó que la propuesta de Kast es una forma de «usar el desastre» para favorecer a las grandes empresas a costo de los jóvenes de menos recursos, arriesgando el legado de una década de movilizaciones estudiantiles. Otros, como el exsenador socialista Camilo Escalona, advirtieron que las propuestas de Kast podrían socavar la paz social y la estabilidad democrática, lo cual pone en duda la gobernabilidad del país en un momento de crisis.
Finalmente, la respuesta a la agenda del presidente se ha combinado con una preocupación creciente sobre el costo político de tales medidas. El diputado Daniel Manouchehri enfatizó que, al romper sus promesas sobre los derechos sociales, el gobierno no solo actúa en contra de la voluntad popular, sino que también está sentando las bases para un retroceso social significativo. La oposición promete evaluar cada una de las propuestas del presidente no solo bajo su prisma comunicativo, sino por su impacto real en la vida de los chilenos que más necesitan apoyo en estos tiempos difíciles.
