La detención de una menor de edad el mismo día en que José Kast asumió la presidencia de Chile no pasó desapercibida para la opinión pública. Carabineros reprimió una manifestación pacífica que se desarrolló en el Liceo Augusto D’Halmar, en Ñuñoa, durante una de las primeras actividades del nuevo mandatario. La inauguración del año escolar, que Kast pretendía llevar a cabo, se vio opacada por tensiones previas, ya que el Centro de Alumnos del establecimiento había denunciado amenazas desde la dirección ante cualquier intento de protesta, levantando serias preocupaciones sobre la protección del derecho de los estudiantes a manifestarse pacíficamente. Los detalles que emergen de este incidente destacan no solo la falta de medidas adecuadas para garantizar el bienestar de los estudiantes sino también el uso de la fuerza desproporcionada por parte de la policía.
Los estudiantes del Liceo Augusto D’Halmar fueron forzados a esperar durante más de tres horas para el acto de inauguración, a pesar de las altas temperaturas que alcanzaron los 31°C. Como si esto fuera poco, el director del establecimiento incentivó a los estudiantes a permanecer en el acto ofreciendo premios a quienes se quedaran, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre el uso de los espacios educativos para fines políticos. La represión de la manifestación fue una clara violación del derecho a la protesta, y los estudiantes, en un intento por expresar sus inquietudes, se movilizaron pacíficamente en las inmediaciones del liceo. Sin embargo, este acto de reivindicación culminó en la detención de M.S., una adolescente, que se convirtió en la primera retención política bajo la administración de Kast, poniendo de relieve la creciente tensión entre la afirmación de un orden escolar y las acciones represivas de las Fuerzas de Orden.
La cronología del operativo policial, que quedó detallada en la denuncia presentada por la ONG Emprender con Alas, revela una serie de irregularidades en la forma en que se manejó la situación. Según informes, la manifestación no obstruyó el tránsito y se limitó a cánticos por parte de los estudiantes, lo que hace aún más cuestionable la intervención de Carabineros. Todo se tornó más problemático cuando un cabo comenzó a filmar a los adolescentes con una cámara GoPro, lo que generó preocupación entre los presentes. Tras un intento de los estudiantes de detener la grabación, un control de identidad selectivo derivó en la detención de M.S., quien fue llevada bajo un justificado pretexto de que no se había identificado, a pesar de que los registros muestran lo contrario.
En un contexto donde la frase «la detención se produjo en un ambiente de hostilidad» cobra sentido, la joven fue trasladada a la fuerza al interior del establecimiento educativo y estuvo retenida sin la supervisión adecuada de un adulto responsable. La actuación de la policía en momentos tan críticos se convierte no solo en una vulneración a la integridad de M.S. sino en un cuestionamiento del respeto a los derechos de las menores en Chile. Las declaraciones de los abogados de la familia, junto al apoyo de organizaciones de derechos humanos como la Comisión Ética contra la Tortura, plantean la necesidad de una revisión del procedimiento llevado a cabo por Carabineros y de la intervención del Estado ante situaciones que involucran a menores.
Ante estos acontecimientos, la Defensoría de la Niñez ha asumido un rol fundamental en investigar las irregularidades y garantizar la protección de los derechos de los jóvenes. Vanesa Hermosilla, directora de Emprender con Alas, enfatizó la importancia de que cualquier intervención policial que involucre a menores sea evaluada bajo estándares rigurosos de protección. Afirmó que la Convención de los Derechos del Niño establece que la detención solo debe ser un recurso de último recurso, en un contexto de proporcionalidad. Esto indica que, en el caso de M.S., pudieran existir claras vulneraciones a su derecho a la privacidad e incluso a su dignidad. Las palabras de Hermosilla subrayan la necesidad de un enfoque equilibrado que permita ejercer el derecho a la protesta sin menoscabar los derechos fundamentales de los menores dentro del sistema educativo.
