La reciente investigación de la Contraloría Regional de La Araucanía ha puesto en el punto de mira a la Municipalidad de Pucón, liderada por el alcalde de Evópoli, Sebastián Diego Álvarez. Según el informe, se han detectado sobresueldos significativos pagados a varios colaboradores, quienes, a través de contratos de honorarios, han recibido sumas que exceden considerablemente las remuneraciones asignadas al grado más alto del estamento municipal. Este escándalo ha levantado cuestionamientos sobre la transparencia y la gestión de los recursos públicos en la comuna.
Uno de los casos más destacados en este informe es el de un asesor que, entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, logró percibir un total de $53.170.813, un monto que supera en más de $24 millones el sueldo de un funcionario de grado 8° que, en el mismo período, ganó $28.730.925. Esta diferencia ha generado incertidumbre y sospechas sobre la equidad y la justificación de los altos pagos realizados por la municipalidad, ya que este asesor desempeñaba funciones equiparables a las de otros empleados que reciben remuneraciones mucho más modestas.
El informe N°731 de 2025 no solo se limita a señalar los sobresueldos, sino que también identifica pagos improcedentes a dos asesores, los cuales recibieron incrementos salariales en marzo y mayo de 2025 sin la debida justificación ni aprobación formal. Tales irregularidades han llevado a que la Contraloría exija que la municipalidad acredite documentalmente los ingresos que deben ser devueltos por estos prestadores dentro de un plazo de 60 días hábiles, poniendo en duda la legitimidad de estos aumentos.
Además de las irregularidades en los pagos a honorarios, el informe revela que la municipalidad cometió otra serie de errores en la contratación de personal. Entre noviembre de 2024 y el primer semestre de 2025, se contrataron a 104 personas bajo el Código del Trabajo, pero en 16 casos, las extensiones de esos contratos se llevaron a cabo sin fundamentos válidos, y en 26 casos, los cargos ocupados correspondían a funciones permanentes del municipio, lo que contradice las normativas que rigen los contratos de este tipo.
La Contraloría no solo ha impuesto la obligación de documentar y justificar estas irregularidades, sino que también ha ordenado la inclusión de estas anomalías en el sumario administrativo iniciado en 2025. Se requiere que la Municipalidad de Pucón informe sobre los avances en el proceso dentro de un plazo de 15 días hábiles, lo que indica que las autoridades están decididas a tomar medidas para asegurar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos, mientras la ciudadanía permanece atenta a los desenlaces de esta situación.
