La industria salmonera chilena ha sido objeto de un debate recurrente sobre su supuesta situación de estancamiento, un tema que ha vuelto a resurgir en los últimos años a pesar de los datos que muestran una tendencia de crecimiento notable. Según Rodrigo Díaz, antropólogo social del Centro de Investigación/Acción del Maritorio y las Sociedades Costeras, los números no indican realmente una paralización; de hecho, las exportaciones de salmón y trucha han aumentado significativamente, pasando de US$ 2.059 millones en 2010 a US$ 6.552 millones en 2025. Este aumento, superior al 218% en solo quince años, plantea interrogantes sobre la narrativa del estancamiento, sugiriendo que podría ser más una cuestión de expectativas empresariales que una realidad económica.
Díaz subraya que el discurso que retrata a la industria como estancada puede ser una manifestación de la frustración ante límites reales que enfrenta el sector, tales como restricciones ecológicas, administrativas y territoriales. A medida que la industria busca expandirse, se encuentra con regulaciones y derechos territoriales de comunidades indígenas que resguardan el uso sostenible de los recursos marinos. Así, lo que se presenta como un problema económico podría estar más vinculado a una resistencia a aceptar que el mar no puede ser explotado indefinidamente, sino que es un espacio que alberga múltiples formas de vida y derechos.
Uno de los aspectos cruciales en este debate es la Ley 20.249, que protege el uso consuetudinario de los espacios costeros para las comunidades originarias. Esta ley se menciona a menudo como un obstáculo al desarrollo, pero la pregunta que surgen es: ¿está realmente obstaculizando el interés general o defendiendo un modelo de acumulación privada que prioriza ciertos usos del mar por encima de otros? El análisis de Díaz invita a cuestionar las narrativas que imponen una visión unilateral sobre el desarrollo, destacando la necesidad de incluir las voces de quienes han sido marginados en estos procesos.
Díaz también señala que el aumento de la visibilidad de las comunidades indígenas y pescadores artesanales ha cambiado la dinámica del debate. Estas comunidades, que han sido históricamente ignoradas, empiezan a exigir una voz en la gestión del espacio marino, lo que transforma el panorama de la salmonicultura. Ya no se trata solo de la rentabilidad económica, sino de una lucha por el reconocimiento de derechos, territorios y formas de vida que han coexistido con el mar durante siglos. La ley se convierte en un símbolo de esta lucha que desafía la lógica expansionista tradicional que ha imperado en la industria.
En conclusión, cuando se habla de un estancamiento en la salmonicultura, es fundamental cuestionar no solo la veracidad de la afirmación, sino también quién se beneficia de ella y cuál es su propósito. Como apunta Rodrigo Díaz, en lugar de aceptar la narrativa del estancamiento, sería más fructífero preguntar sobre los intereses en juego y cómo se concilian con la sostenibilidad ecológica y los derechos territoriales. El verdadero desafío tal vez no sea el crecimiento de la industria sino la búsqueda por equilibrar los intereses económicos con la preservación de un medio marino que pertenece a todos.
