En una reciente declaración, la activista Alicia Lira ha acusado a sectores cómplices de la dictadura de intentar frenar las investigaciones sobre los detenidos desaparecidos en Chile. Esta crítica se produce tras la decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por el ministro Fernando Rabat, de despedir anticipadamente a Paulina Zamorano, Magdalena Garcés y Tamara Lagos, tres figuras clave del Plan Nacional de Búsqueda. Según la administración de José Kast, estos cambios responden a la implementación de «nuevos lineamientos»; sin embargo, Lira sostiene que esta reestructuración es un ataque directo a la búsqueda de la verdad en un país que ha luchado por justicia durante décadas.
El anuncio de la salida de las líderes operativas del Plan Nacional de Búsqueda fue recibido con gran preocupación por parte de familiares de las víctimas y agrupaciones de derechos humanos. Durante un tenso punto de prensa frente al Ministerio de Justicia, denunciaron que los cambios implementados son un intento de deshacer lo que consideran la política pública más relevante en la búsqueda de verdad a lo largo de los últimos años. Las funcionarias, que fueron impedidas de acceder a sus oficinas, han dejado un vacío difícil de llenar justo cuando se han dado a conocer nuevos hallazgos sobre la posible inhumación de 30 personas en Macul, lo que genera aún más incertidumbre entre los familiares.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), ha calificado estos despidos como un acto de deshumanización que demuestra un profundo desprecio por la lucha de los familiares de las víctimas. Con un tono de indignación, Lira señaló que las decisiones del gobierno de Kast van más allá de lo político, sugiriendo que hay una venganza y un odio arraigado hacia aquellos que han buscado justicia por generaciones. Su mensaje es claro: la reestructuración amenaza las relaciones que se habían forjado entre las familias y las instituciones encargadas de la búsqueda de la verdad.
La dirigente también hizo énfasis en que este desmantelamiento de la administración del Plan Nacional de Búsqueda es más que un simple ajuste de funcionarios; es un acto de represalia que afecta a todos aquellos que buscan justicia. Lira denunció que parece haber un castigo sistemático por parte de Kast hacia las familias de las víctimas, quienes históricamente han sido etiquetadas como buscadoras de venganza. «El verdadero terror se encuentra en la acción del Estado, que al despojar de sus funciones a estos profesionales talentosos, pone en riesgo la memoria y la verdad de un pasado doloroso», afirmó Lira.
Finalmente, desde el Ministerio de Justicia han indicado que se anunciarán nuevos nombres para los liderazgos del Plan Nacional de Búsqueda durante el mes de abril, insistiendo en que la operación continuará bajo un nuevo liderazgo. Sin embargo, para los familiares de las víctimas, la salida de expertas que han gestionado innumerables causas judiciales activas representa un quiebre en la confianza institucional. Las agrupaciones de derechos humanos advierten que, sin el respaldo de estas profesionales, el riesgo de que hallazgos cruciales queden en el olvido es elevado. En un país que aún busca recuperar su memoria histórica, cada acción es interpretada como una amenaza a la verdad y la justicia.
