La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) ha manifestado su preocupación respecto a la nueva propuesta normativa de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que busca regular el mantenimiento excepcional de las tarjetas de coordenadas. Según la entidad, este plan podría dejar a la discreción de los bancos la decisión de excluir a personas mayores y a aquellos con acceso limitado a tecnologías digitales. ODECU advierte que esta medida podría tener un impacto significativo en la inclusión financiera, afectando de forma desproporcionada a los ciudadanos más vulnerables que ya enfrentan barreras de acceso a servicios bancarios.
El presidente de ODECU, Stefan Larenas Riobó, criticó la propuesta actual, señalando que otorga demasiada discrecionalidad a los emisores sobre quiénes pueden continuar operando dentro del sistema financiero. En sus declaraciones, enfatizó que es inaceptable que la regulación dependa del criterio subjetivo de cada banco. «Cuando está en juego el acceso a servicios financieros básicos, la regulación no puede descansar en fórmulas abiertas», afirmó, poniendo de relieve la necesidad de proteger a los grupos más desfavorecidos.
Además, ODECU ha señalado que el texto de la propuesta falla al no reconocer derechos mínimos para los consumidores, tales como la solicitud de inclusión en el régimen excepcional o la obtención de respuestas fundamentadas de las entidades bancarias en caso de exclusión. También se criticó la falta de normativas que garanticen que la información sobre los riesgos de mantener las tarjetas de coordenadas se entregue de manera clara y accesible para todos. Larenas Riobó destacó que, «informar no basta» y que es esencial asegurar que los consumidores comprendan la información que les es presentada para tomar decisiones informadas.
La organización ha llamado a la CMF a considerar que la transición digital no debe generar exclusión financiera. ODECU sostiene que, si efectivamente existen individuos para quienes el cambio tecnológico no es una opción viable, es necesario que la regulación contemple derechos claramente establecidos, con criterios y procedimientos objetivos. En este contexto, también se han propuesto medidas compensatorias de seguridad debido a la vulnerabilidad que las tarjetas de coordenadas conllevan.
Finalmente, ODECU ha instado a la CMF a corregir el rumbo propuesto, sugiriendo la implementación de criterios comunes para identificar a grupos exceptuados, la creación de un derecho de solicitud y revisión, y la necesidad de facilitar una migración asistida con apoyo tangible. Larenas Riobó concluyó afirmando que «la inclusión financiera requiere una regulación clara, con enfoque de derechos, que garantice acceso, seguridad y trato digno para todos los consumidores», destacando la urgencia de esta reforma para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.
