En medio de las críticas internacionales hacia el gobierno israelí por el genocidio que sufre el pueblo palestino, se ha suscitado una nueva controversia en Argentina. La gestión de Alfredo Cornejo en Mendoza ha decidido enviar al comisario Mario Riili a Israel para una capacitación sobre «lucha contra el terrorismo», lo que ha llevado a organizaciones de derechos humanos a alzar la voz. Este viaje, autorizado por el decreto 2343/25, se enmarca en una serie de decisiones polémicas que asocian a autoridades argentinas con un Estado señalado por crímenes de lesa humanidad, donde el primer ministro Netanyahu enfrenta una orden de arresto internacional emitida por la Corte Penal Internacional.
La capacitación a la que asistió Riili incluye un seminario centrado en comprender las amenazas terroristas y el manejo de crisis, lo que ha despertado alarmas en sectores de la sociedad. ANRed reportó que Mario Riili es un comisario ya cuestionado por incidentes de violencia institucional, como la represión violenta contra ambientalistas en Mendoza. Esta realidad plantea interrogantes sobre la relación entre la formación policial y la represión de la protesta social, una preocupación que ha ido en aumento entre activistas y organizaciones que defienden los derechos humanos.
Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), se ha manifestado que este tipo de capacitaciones refuerza el enfoque represivo del gobierno argentino al catalogar a quienes protestan como «enemigos internos». CORREPI ha subrayado que este esfuerzo por legitimar la represión con el argumento de combatir el terrorismo es parte de una estrategia más amplia que busca intimidad a la población que ejerce su derecho a la resistencia. El contexto de la capacitación también se vuelve relevante, ya que se sitúa en una serie de acciones más amplias que vienen sucediendo en otras provincias del país, como Rosario y Tucumán.
El intercambio entre las fuerzas de seguridad argentinas e israelíes no es un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia reciente, se han evidenciado estrechas colaboraciones que incluyen la formación de policías argentinos por expertos israelíes, así como la oferta de tecnología militar. Estas acciones han sido criticadas por muchos, quienes sostienen que subyacen un interés en trasladar tácticas de represión de un Estado con un historial de violaciones a los derechos humanos al contexto argentino, donde las luchas sociales han ido en aumento.
Finalmente, el histórico vínculo entre Argentina e Israel en términos de seguridad militar y represión cobra nueva relevancia a la luz de los acontecimientos recientes en Mendoza. CORREPI ha concluido que la actuación del gobierno mendocino no es un caso aislado, sino que forma parte de una política sistemática que busca silenciar a quienes se organizan y luchan por sus derechos. En este sentido, resulta fundamental que la sociedad civil y los organismos de derechos humanos mantengan una vigilancia crítica sobre las decisiones que afectan a la seguridad y a la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
