El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha lanzado una advertencia contundente respecto a la megarreforma económico-tributaria del Gobierno de Gabriel Boric, liderado por el Ministro Kast. Esta presentación ante la Comisión de Hacienda dejó claro que, aunque el proyecto promete un crecimiento futuro sustancial, los costos asociados parecen ser mucho más seguros. Con un enfoque técnico y basado en evidencia, el CFA ha puesto en el centro del debate la preocupación por un hoyo fiscal que podría no cerrarse si las proyecciones de crecimiento no se concretan en la magnitud esperada. A través de su presidenta Paula Benavides, el CFA ha enfatizado que el Gobierno debe ser responsable en su manejo fiscal, especialmente en tiempos de incertidumbre económica.
Durante la exposición, el CFA enfatizó que los ajustes fiscales necesarios para sostener la megarreforma no alcanzarán para cubrir las necesidades básicas del Estado. Se mencionó que los recortes propuestos, que afectan a áreas sensibles como Salud, Educación y Vivienda, representan un costo indirecto considerable que recaerá sobre la ciudadanía. La pregunta que sale a la luz es clara: ¿quién pagará la factura si la reducción tributaria favorece al gran empresariado, mientras que los recursos destinados a los servicios sociales disminuyen? Este dilema plantea un serio riesgo de aumentar la desigualdad en un contexto donde ya son evidentes los efectos de recortes en bienestar social.
Uno de los puntos más preocupantes destacados por el CFA es que la megarreforma incluye una reducción del Impuesto de Primera Categoría, que bajará del 27% al 23%. Este recorte, aunque atractivo a primera vista, llevará consigo un costo que podría equivaler al 0,44% del PIB para el año 2030. Si bien el Gobierno espera que este incentivo impulse la inversión y, eventualmente, la recaudación fiscal, el CFA advierte que los beneficios se presentan de manera incierta y se concreten de forma gradual, mientras que los costos son inmediatos y garantizados. En este sentido, la reforma se transforma en una apuesta riesgosa, donde el Estado comienza a perder ingresos antes de que el crecimiento prometido se materialice.
En su presentación, el CFA remarcó una regla fundamental de las finanzas públicas: «los gastos permanentes deben ser financiados con ingresos permanentes». Esta crítica es directa al corazón de la megarreforma de Kast, que parece basada en la fe de que el crecimiento económico vendrá a rescatar las finanzas públicas en el futuro. Sin embargo, el informe señala que, incluso con la mejor de las suposiciones, el déficit fiscal podría extenderse hasta el año 2031. Si el Estado continúa enfrentando un déficit, y los ajustes fiscales no son adecuados para cubrir el deterioro inminente, la única opción que le quedará será la de realizar recortes adicionales, que afectarán los servicios esenciales medidos en términos socioeconómicos.
Finalmente, el informe del CFA es un llamado de atención sobre la responsabilidad que debe tener el Gobierno frente a sus promesas económicas. La reforma no es simplemente un tema técnico, sino que tiene profundas implicaciones para la vida cotidiana de los ciudadanos. La experiencia de Chile ha demostrado que el descontento social puede ser explosivo si los sacrificios recaen de manera desproporcionada sobre la parte más vulnerable de la población. En este sentido, el CFA no solo plantea dudas sobre la viabilidad de la reforma, sino que también aboga por una formulación responsable de políticas que evite que el costo de una gestión pública inadecuada termine por recaer sobre aquellos que menos tienen.
