La impunidad global está alimentando las medidas de anexión ilegal de Israel en Cisjordania, una afirmación contundente realizada por Amnistía Internacional. Desde diciembre de 2025, las autoridades israelíes han implementado políticas ilegales que buscan desposeer a la población palestina, consolidando la anexión de territorio en un contexto ya marcado por la ocupación. Estas acciones se manifiestan en un aumento sin precedentes en la construcción de asentamientos ilegales y en la apropación de tierras palestinas, lo que representa un giro drástico en la aceleración del proyecto de expansión territorial israelí. Amnistía Internacional denuncia que esta estrategia se desarrolla en un contexto de violencia e impunidad, donde la realidad sobre el terreno se transforma en un temor palpante entre las comunidades palestinas.
Erika Guevara-Rosas, directora de Investigación de Amnistía Internacional, subraya la gravedad de la situación, destacando que un régimen liderado por el primer ministro Netanyahu, buscado por la Corte Penal Internacional, actúa con total desdén hacia las resoluciones de la ONU y el derecho internacional. El respaldo incondicional de Estados Unidos a la política israelí ha permitido que este país avance sin freno en sus acciones ilegales, anexionando formalmente territorios y destruyendo vidas en el proceso. A medida que la comunidad internacional observa desde la distancia, Israel intensifica su expansión territorial, desoyendo una serie de condenas y recomendaciones que posiblemente podrían haber limitado su accionar.
La reciente licitación publicada por la Autoridad de Tierras de Israel para construir más de 3,400 viviendas en la zona E1 refleja el interés de Israel por fragmentar Cisjordania, a la vez que asegura su control sobre áreas estratégicas. Este proyecto amenaza con dividir la conexión entre las ciudades palestinas de Ramala y Belén, y representa una amenaza directa a la población que allí habita, llevando a un nuevo ciclo de desplazamiento forzado. Durante décadas, intentos de implementar el plan de expansión en la zona E1 encontraron resistencia internacional, pero la actual administración parece estar actuando con mayor impunidad y velocidad, ignorando el precedente y la presión global en torno a su legitimidad.
La arquitectura administrativa israelí, diseñada para controlar y desposeer a la población palestina, se ha intensificado bajo el actual gobierno. Recientemente, se aprobaron planes para establecer 19 nuevos asentamientos, alcanzando un total de 210 asentamientos en la región. Estos incluyen la legalización de puestos de avanzada construidos de manera irregular, muchos de ellos en tierras de comunidades palestinas ya desarraigadas. Esta política de asentamiento ha contribuido al aumento de la violencia de colonos, respaldada por el Estado, haciendo de la vida de los palestinos un contexto de continuo temor e inseguridad, afectando especialmente a aquellos que dependen de la agricultura y la pastura.
Finalmente, el registro de tierras y la designación de áreas como ‘tierras estatales’ por parte de Israel constituyen un eufemismo para el despojo. Los obstáculos para que la población palestina demuestre la propiedad de sus tierras, junto a la impunidad y la inacción de la comunidad internacional, aceleran el proceso de anexión. Amnistía Internacional enfatiza que este accionar va en contra de las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia y de las resoluciones de la ONU, lo que pone de relieve no solo el desprecio de Israel hacia el derecho internacional, sino también la ineficacia de un sistema global que aún no se atreve a tomar medidas concretas para detener esta violación sistemática de derechos.
