El pasado 14 de enero, un operativo de fiscalización en Viña del Mar ha dejado al descubierto una grave denuncia de apremios ilegítimos contra Emilio Vargas, un vendedor de dulces originario de La Ligua. Vargas relató que alrededor de las 19:00 horas fue abordado de manera violenta por un grupo de más de diez personas, incluidos funcionarios de seguridad municipal y efectivos de Carabineros. En su testimonio, el vendedor explica que, al tratar de instalar su puesto, los agentes le arrebataron sus cajas de mercadería y, al pedirles el acta de decomiso, respondieron con fuerza física, iniciando así un proceso que lo llevó a vivir una experiencia angustiante y traumática.
La denuncia presentada ante la Fiscalía revela detalles escalofriantes sobre el manejo del operativo, en el que Vargas afirma haber sido golpeado y detenido sin recibir notificación de sus derechos. En sus declaraciones, sostiene que fue esposado sin explicación adecuada y fue trasladado a la Primera Comisaría de Viña del Mar, donde permaneció hasta las cuatro de la madrugada. Durante ese tiempo, el vendedor alega que se le negó la posibilidad de contactar a un abogado y que se le ocultó el motivo de su detención, poniendo de manifiesto una grave violación a sus derechos como ciudadano.
Uno de los aspectos más alarmantes del relato de Vargas es el presunto intento de coacción durante su detención. Según su testimonio, fue obligado a firmar un documento donde afirmaba no tener reclamos contra el procedimiento policial. Al negarse a hacerlo, escribió de manera explícita su intención de denunciar el maltrato sufrido. Posteriormente, Vargas asegura que los funcionarios le advirtieron que si insistía en su denuncia, sería nuevamente detenido, lo que refleja un posible abuso de poder y hostigamiento por parte de los agentes implicados.
La denuncia ha identificado a varios de los funcionarios involucrados en el operativo, incluyendo a miembros destacados de la policía local y Carabineros. Entre ellos se mencionan al Teniente Cobalto, el Subteniente Pinto y el Cabo 2do Pinochet, así como otros agentes de la unidad encargada. Esta identificación es crucial, dado que los testimonios y el material audiovisual presentado por Vargas podrían ser determinantes para la investigación en curso, que ya se clasifica bajo el término de «apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos».
Mientras la justicia evalúa las pruebas y los testimonios, el caso se convierte en un nuevo capítulo en el debate sobre el uso de la fuerza en operativos contra el comercio ambulante. Vargas, quien ha manifestado haber sufrido hostigamientos previos por parte de estos funcionarios, ha solicitado el alejamiento de los implicados en el incidente. Este caso pone de relieve no solo la necesidad de proteger los derechos de los vendedores ambulantes, sino también la urgencia de revisar los protocolos de acción de las fuerzas del orden en situaciones similares.
